El cierre de dos accesos en Elviria reabre el debate sobre una carretera estatal que condiciona diariamente la movilidad de la ciudad. Marbella lleva años reclamando mejoras en los enlaces, mayor seguridad y soluciones para descongestionar la A-7, mientras la AP-7 continúa siendo de pago.
Marbella, 26 de septiembre 2026. El cierre esta semana de dos accesos de la A-7 en la zona de Elviria ha vuelto a situar las infraestructuras estatales en el centro del debate sobre la movilidad de Marbella.
No se trata de un problema nuevo ni de una actuación aislada. Accesos a urbanizaciones, enlaces, seguridad vial, congestión, capacidad de la antigua N-340 y el mantenimiento del peaje de la AP-7 forman parte desde hace años de las reivindicaciones que Marbella dirige al Gobierno de España.
La última controversia llega después de que la Demarcación de Carreteras haya procedido al cierre de dos conexiones en Elviria. El propio proyecto del Ministerio de Transportes contempla el corte de los accesos existentes en los puntos kilométricos 190+700 y 191+150 de la A-7.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se desplazó este miércoles hasta la zona para conocer directamente la situación y reclamó al Gobierno de España la reapertura inmediata de los accesos mientras no exista una alternativa viaria adecuada para los residentes.
Muñoz recordó que en el entorno existen numerosas urbanizaciones y señaló las dificultades que el cierre ha provocado entre vecinos que utilizan diariamente estas conexiones para entrar y salir de sus viviendas.
El Ayuntamiento plantea una solución provisional clara: mantener abiertos los accesos mientras se culminan los viales interiores que permitan ofrecer una alternativa real.
Paralelamente, el Consistorio trabaja para configurar, mediante los diferentes desarrollos urbanísticos, un vial de servicio de aproximadamente 12 kilómetros que facilite las conexiones con las urbanizaciones.
Cerrar accesos antes de tener las alternativas
La polémica de Elviria vuelve a plantear una cuestión que Marbella ya ha vivido anteriormente: qué ocurre cuando el Estado elimina conexiones de una carretera que, aunque formalmente es una autovía de titularidad estatal, funciona en numerosos puntos como la principal avenida de una ciudad construida longitudinalmente alrededor de ella.
El problema no consiste únicamente en cumplir la normativa de carreteras. También es necesario garantizar cómo entrarán y saldrán de sus viviendas quienes dependen de esos accesos.
Y Marbella ya tiene antecedentes.
En septiembre de 2021, el Pleno municipal aprobó por unanimidad reclamar al Gobierno central que mantuviera abierto el acceso a Puerto Banús desde la A-7 por la calle Antonio El Bailarín. La iniciativa había sido presentada por el PP y defendida por Enrique Rodríguez ante la intención estatal de eliminar aquella conexión.
Aquel acuerdo contó también con el respaldo del PSOE.
Cinco años después, el debate reaparece prácticamente en los mismos términos en Elviria.
Una A-7 que soporta buena parte de la movilidad de Marbella
La situación de Marbella tiene una particularidad evidente. La A-7 no funciona únicamente como corredor interurbano.
Para miles de vecinos constituye la carretera que utilizan para desplazarse diariamente entre San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Marbella, Las Chapas y las numerosas urbanizaciones distribuidas a ambos lados del término municipal.
Cualquier accidente, avería o incidencia puede generar importantes retenciones porque buena parte de esos desplazamientos terminan concentrándose sobre el mismo eje.
Desde el Ayuntamiento se han llevado en distintas ocasiones al Pleno iniciativas relacionadas con la mejora de la seguridad, los accesos y la movilidad de esta carretera. Entre los concejales que han defendido estas reclamaciones se encuentran Diego López y Enrique Rodríguez.
El denominador común de estas iniciativas ha sido reclamar actuaciones sobre una infraestructura cuya competencia corresponde al Estado.
La AP-7 continúa siendo de pago
La otra pieza fundamental es la autopista.
Mientras la A-7 soporta una parte considerable del tráfico cotidiano de Marbella y de la Costa del Sol occidental, su principal alternativa continúa sometida a peaje.
La reclamación tampoco es nueva.
En mayo de 2022, el Pleno de Marbella aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno un protocolo que permitiera levantar automáticamente el peaje cuando un accidente provocara el colapso de la A-7.
En febrero de 2024 volvió a aprobarse una iniciativa reclamando la liberalización del peaje hasta que se materializara el tren litoral.
Y en noviembre del mismo año el Ayuntamiento volvió a reclamar al Ejecutivo central que abordara los estudios necesarios para avanzar en la liberalización de la AP-7.
La reiteración de estos acuerdos muestra que el debate sobre la autopista supera las posiciones de un único partido: diferentes grupos municipales han respaldado durante estos años medidas para utilizar la AP-7 como herramienta para aliviar la presión sobre la A-7.
Seguridad, accesos y capacidad
Las reivindicaciones planteadas desde Marbella no se limitan al peaje.
También se han reclamado mejoras en los enlaces, actuaciones sobre los puntos de mayor congestión, incremento de capacidad en determinados tramos y soluciones que permitan conectar las urbanizaciones con la carretera de una forma segura.
Por ello, el cierre de Elviria ha provocado especialmente malestar: mientras siguen pendientes actuaciones estructurales, la medida que perciben directamente los vecinos es la eliminación de dos accesos que utilizaban habitualmente.
El Ministerio fundamenta técnicamente su supresión en razones normativas y de seguridad vial. El Ayuntamiento reclama que, antes de cerrarlos definitivamente, se garantice una alternativa adecuada.
Ahí se encuentra actualmente el conflicto.
Una responsabilidad que corresponde al Estado
La titularidad de la A-7 permite delimitar claramente las responsabilidades administrativas.
Las grandes actuaciones sobre la carretera, sus enlaces y accesos dependen del Ministerio de Transportes y de la Demarcación de Carreteras del Estado.
El Ayuntamiento puede ejecutar mejoras dentro de sus competencias, desarrollar viales municipales y exigir a los nuevos desarrollos urbanísticos determinadas infraestructuras. Pero no puede intervenir libremente sobre una carretera estatal.
El precedente de la carretera de Istán muestra precisamente cómo puede abordarse una infraestructura que necesita adaptarse a una realidad urbana.
Antes de avanzar hacia su cesión, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento acordaron una remodelación integral cercana a los cinco millones de euros que incluyó ampliación de plataforma, acerados, glorietas, iluminación, drenaje, jardinería, señalización y carril ciclista.
La filosofía fue clara: primero transformar y mejorar la infraestructura y después abordar su futuro administrativo.
El papel de la representación de Marbella en Madrid
La situación tiene también una dimensión política.
Marbella cuenta actualmente con una diputada en el Congreso perteneciente al partido que sostiene al Gobierno de España. Isabel Pérez es diputada del PSOE por Málaga y, al mismo tiempo, concejala y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella.
La responsabilidad ejecutiva sobre las carreteras corresponde al Ministerio de Transportes, no a una diputada individual. Su posición institucional sí hace pertinente conocer qué iniciativas parlamentarias ha impulsado específicamente sobre las infraestructuras estatales de Marbella y qué respuestas ha obtenido del Ejecutivo.
Con una fotografía junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, esa cuestión adquiere además especial actualidad: cuáles son los compromisos concretos del Ministerio con Marbella en materia de A-7 y AP-7 y qué calendario existe para materializarlos.
Marbella espera actuaciones
El cierre de Elviria es solamente el último episodio de un problema mucho mayor.
La ciudad continúa necesitando una estrategia sobre la A-7 que aborde conjuntamente capacidad, seguridad, accesos y conexiones con las urbanizaciones.
Y esa estrategia difícilmente puede separarse del futuro de la AP-7.
Mientras la autopista siga siendo de pago, una parte importante del tráfico continuará utilizando la A-7. Mientras no existan viales alternativos, eliminar accesos seguirá teniendo consecuencias directas para los residentes. Y mientras las grandes actuaciones dependan del Estado, Marbella continuará necesitando que el Ministerio convierta las reivindicaciones acumuladas durante años en proyectos, presupuestos y obras.
Por eso, después del cierre de Elviria, la pregunta vuelve a dirigirse al Ministerio de Transportes: qué actuaciones concretas va a ejecutar el Gobierno de España para solucionar los problemas de movilidad de una carretera estatal que condiciona diariamente a Marbella.
