La defensa de la cantante Isabel Pantoja, condenada a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, ha presentado hoy el recurso de súplica contra la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga de rechazar la suspensión de su ingreso en prisión, En el recurso se incide en que no están de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la Sala para rechazar el beneficio de la suspensión, ya que siempre han defendido que la cantante cumple todos los requisitos para obtenerla; y se pide la suspensión de la ejecución de la sentencia. Asimismo, según la defensa, en caso de no estimarse el recurso de súplica se pide que se conceda un aplazamiento para su ingreso en prisión durante el tiempo «normal para organizar sus asuntos personales y familiares», toda vez que los conciertos que tenía previstos para las próximas semanas han sido suspendidos.
Redacción
Una vez que la Sala que se encarga de la ejecución de la sentencia, que ya rechazó la suspensión hace dos días, reciba el recurso de súplica, lo remitirá a la Fiscalía Anticorrupción en Málaga para que se pronuncie, tras lo que el Tribunal tendrá que resolver en un nuevo auto, según fuentes judiciales.
La fiscal encargada del caso ya informó esta semana en contra de la suspensión, alegando, entre otros aspectos, que aprovechó su relación sentimental con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado por esta causa también, «favoreciendo la ocultación y opacidad de sus actos»; y que no dio muestras de arrepentimiento.
Los letrados de la cantante también informaron este pasado martes a la Sección Segunda de que se había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ponían de manifiesto que en dicho órgano se había pedido la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esta cuestión ya fue resuelta por la Sala.
La Sección Segunda decidió este pasado lunes que no había lugar a conceder la suspensión de la condena, rechazando así la petición de la defensa.
La Sala, que ya acordó el ingreso en prisión de la cantante y le dio un plazo para cumplir voluntariamente la pena de cárcel y abonar la multa de 1,1 millones de euros, alegó que, aunque la cantante cumple las condiciones para conceder la suspensión, la gravedad de su conducta «resulta incuestionable».
Se indicó que la repercusión «fue y es enorme, configurándose como paradigma de ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social», señalando que la pena de prisión debe cumplir «su función de servir de freno a posibles conductas futuras».
