La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local trasladará de forma provisional los juzgados de Primera Instancia de Marbella con el objetivo de dar “solución” al mal estado en el que se encuentran y “dotar a Marbella de unas instalaciones dignas hasta que podamos abordar el proyecto de Ciudad de la Justicia”, según lo ha anunciado la secretaria general para la Justicia, María José Torres, durante una visita a los partidos judiciales de Estepona, Marbella, Fuengirola y Torremolinos, donde se ha reunido con los jueces decanos y les ha transmitido las medidas que se están abordando desde la Consejería para solucionar la situación actual de estos juzgados.
Las citadas instalaciones judiciales, en alquiler, presentan importantes deficiencias, así Torres, ha recordado que tiene «problemas muy graves, con filtraciones de aguas fecales». Por ello, Justicia va a licitar el contrato de un nuevo edificio en alquiler de forma provisional, mientras se resuelven las cuestiones técnicas pendientes que «hacen por el momento imposible iniciar el traslado al edificio que el Ayuntamiento quiere cedernos para la Ciudad de la Justicia», ha destacado.
«Como saben la intención de este Gobierno es reducir el gasto en alquiler y eso es lo que queremos hacer en Marbella, ya que tenemos la oportunidad de que el Ayuntamiento nos ceda el edificio que obtuvo de los embargos de Malaya. Esto nos permitiría ahorrar en alquileres y aumentar el patrimonio de la Junta. Pero mientras esto ocurre hay que actuar y buscar soluciones», ha explicado Torres.
El edificio que desde el Ayuntamiento de Marbella se aspira a ceder a la administración autonómica es el que se sitúa junto al Hospital Costa del Sol y que fue propiedad del que fuese considerado como cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca. La recuperación de este, y de otros tantos edificios, fue posible gracias a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, durante su tramitación por parte del anterior Gobierno nacional encabezado por Mariano Rajoy, de una cláusula que así lo reflejaba.
Además se reconocía la posibilidad de que la ciudad recibiese las cantidades percibidas en concepto de multas, sin tener que destinarlo obligatoriamente al pago de deuda, una reconocimiento que pende de un hilo con la llegada al Ejecutivo nacional del socialista Pedro Sánchez, ya que, en el primer borrador de presupuestos para 2019 obvió incluir tal cláusula.
