Esta es la historia de Carlos, un mayor de San Pedro cuya pensión apenas alcanza los 700 euros. De ella vive él y el resto de su familia, cinco personas que cuentan sólo con este dinero para salir adelante, ya que varios de sus miembros no tienen trabajo. Con esta situación se convierte en imposible poder optar, en el futuro y cuando se vean en la necesidad, a Carlos y a su esposa a una residencia para mayores que no sea pública, ya que prácticamente el coste mensual para residir en una de ellas supera, en muchos de los casos, la pensión de jubilación de Carlos. Por eso, él, Carlos de Haro, en calidad de afectado y como presidente del Centro de Mayores de San Pedro, se ha unido al resto de centros de la ciudad en particular -once en total- y a la ciudadanía en general para recoger firmas y exigir a la Junta de Andalucía la construcción de una Residencia Pública para Mayores en el municipio. No es la primera vez que este colectivo alza la voz para pedir una infraestructura que “nos pertenece”, ya que hace algo más de tres meses también se hicieron oír para reclamar lo que consideran una necesidad imperante. Así lo recordaba hoy Encarna Cantero, presidenta del centro de mayores que lleva su nombre, y desde donde ha comenzado esta iniciativa.
Irene Catalán
Todos a una y con el apoyo de la ciudadanía se inicia esta campaña con la que persiguen la edificación de la residencia pública de mayores sobre los terrenos de Trapiche del Prado, una parcela cedida para este fin por la familia de Mateo Álvarez, y de la que hasta el momento el futuro no es muy halagüeño.
La última de las noticias sobre este proyecto caía como un jarro de agua fría para estos mayores, después de que la Administración Autonómica diera por roto el contrato firmado con el Consistorio por el que se comprometía al concierto del 80 por ciento de las plazas de la misma.
Por ello, los colectivos de mayores del municipio quieren hacerse oír, tanto es así que si la recogida de firmas, que trasladarán al Gobierno andaluz, queda en papel mojado, no descartan iniciar movilizaciones y llegar hasta el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede la Junta de Andalucía, tal y como anunciaba el presidente del Centro de Miraflores, Jaime Molina, ante un movimiento que ha surgido por parte de los centros de mayores por “necesidad ante la impasividad de la Administración Autonómica”, lamentaba Molina, al tiempo que destacaba que desde estos centros, que cuentan con unos 10.000 afiliados, “vamos a ir a por todas”. Y es que el municipio carece de residencia pública alguna, sólo cuenta con residencias con plazas concertadas, y una pública que está ya fuera del municipio, en el término de Estepona, por lo que los mayores seguirán luchando por un servicio que consideran indispensable en la ciudad.
