El Ayuntamiento se ve forzado a acatar una norma del Ejecutivo central que asfixia a los vecinos mientras la diputada socialista Isabel Pérez guarda silencio ante el golpe económico que se avecina
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a poner contra las cuerdas a los ayuntamientos y, esta vez, el golpe llega directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Marbella se encuentra entre la espada y la pared, obligada a aplicar la nueva tasa de basuras impuesta por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y que ya está provocando protestas y malestar en toda España.
La medida, de obligado cumplimiento por mandato estatal, obliga a los municipios a cobrar a los vecinos una tasa que cubra el coste “real” del reciclaje y la gestión de residuos. En la práctica, esto supone un incremento medio del 30% en el recibo de la basura, una subida que el Ayuntamiento de Marbella ha tratado de contener al máximo, pero que terminará llegando si el Gobierno no rectifica.
Fuentes municipales confirman que la ley no deja margen de maniobra: o se aplica la tasa, o el Estado sanciona a los ayuntamientos por incumplir la normativa. En otras palabras, el Gobierno central impone y los municipios pagan el precio político.
Mientras tanto, la diputada socialista por Málaga y concejal en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, permanece en silencio, sin pronunciarse ante una medida que golpea directamente a los marbellíes y que deja sin opciones al Consistorio. Desde el equipo de gobierno se lamenta que la representante socialista “ni defiende a Marbella ni planta cara a su propio partido, pese a que conoce perfectamente las consecuencias de esta medida para las familias y los negocios locales”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero a la cabeza, ha decidido hacer caja a costa de los vecinos. Primero subieron la luz, después la gasolina y ahora hasta la basura tiene que pagarla el ciudadano como si fuera un artículo de lujo”, lamentan fuentes municipales.
La nueva tasa, que en otras localidades ha duplicado los recibos, se suma al aumento del precio de la electricidad, del agua y de los alimentos básicos, provocando una pérdida real de poder adquisitivo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha vuelto al 3%, empujado por el incremento del coste de servicios esenciales como la energía y los residuos.
En municipios de Galicia, Valencia o Castilla-La Mancha ya se han producido protestas vecinales ante facturas que han pasado de 60 a más de 120 euros al año. Aunque en Marbella aún no se ha aplicado la subida, el Ayuntamiento se verá forzado a hacerlo si el Gobierno no cambia el marco legal.
“El problema no está en los ayuntamientos, está en Madrid”, recuerdan desde el área de Medio Ambiente. “Aquí hemos hecho un esfuerzo enorme por contener el gasto y mejorar el servicio, pero el Gobierno central impone una tasa que no responde a la realidad de cada municipio y que castiga al que gestiona bien”.
El malestar es generalizado entre los consistorios, que denuncian que el Ejecutivo ha transferido el coste del sistema nacional de residuos a los ciudadanos, sin compensaciones ni ayudas. En el caso de Marbella, el servicio de recogida y tratamiento de residuos ha mejorado de forma notable en los últimos años —con nuevas flotas, ampliación de turnos y limpieza reforzada en zonas costeras—, pero la aplicación obligatoria de la nueva tasa rompe el equilibrio presupuestario y castiga al ciudadano cumplidor.
“María Jesús Montero y Pedro Sánchez han convertido la gestión de los residuos en un nuevo impuesto encubierto. El Gobierno asfixia a los ayuntamientos y se lava las manos, mientras quienes dan la cara son los alcaldes y concejales locales”, señalan fuentes municipales.
Mientras los socialistas callan, el Ayuntamiento de Marbella trata de ganar tiempo para evitar que la subida llegue a los vecinos lo antes posible. Pero el margen es estrecho: si el Gobierno no modifica la norma, el incremento será obligatorio en los próximos meses.
La realidad es que la tasa de basuras impuesta desde Madrid no busca mejorar el reciclaje ni la sostenibilidad, sino recaudar más a costa del ciudadano. Y en Marbella, donde el coste de la vida ya es alto, esta medida del sanchismo supondrá un nuevo golpe directo a las familias, los autónomos y los pequeños empresarios.
