En el día de ayer el Colegio de Abogados remitió un comunicado en el que anunció la suspensión del servicio de intermediación hipotecaria en Marbella al no haberse formalizado el acuerdo que alcanzó la entidad con el Ayuntamiento haciendo posible el cobro de los honorarios, establecidos en 25.000 euros para todo el año. Desde Derechos Sociales, la concejala del área, Isabel Cintado, anunció que se está “estudiando un método adecuado con todas las garantías por parte de Intervención y con los informes municipales que permitan formalizar la contratación”.
Además desde el Ayuntamiento han destacado que mantienen su firme compromiso para que el Colegio de Abogados de Málaga vuelva a ofrecer, a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Vivienda Social del Consistorio, asesoramiento gratuito a las personas en situación de exclusión social afectadas por un procedimiento de desahucio, aunque en el caso de que suspenda por parte de la institución jurídica la Asesoría Jurídica municipal volvería a prestar este servicio de asesoramiento, “tal y como hizo durante varios meses el pasado año”.
La edil ha recordado que en los presupuestos municipales del presente ejercicio se contempla una partida económica de 25.000 euros para el desarrollo por parte del Colegio de Abogados de este servicio e insistió en que “en los últimos meses venimos estudiando la fórmula para que el colectivo de letrados pueda percibir esta remuneración de la forma adecuada y con todas las garantías legales”.
“Estamos muy agradecidos al Colegio de Abogados porque asumieron de manera gratuita este asesoramiento durante los últimos meses del pasado año y la firma del convenio suponía además un notable ahorro económico para las arcas municipales respecto al despacho jurídico externo que había contratado antes IU y que suponía un coste de 60.000 euros anuales”, ha indicado Cintado.
La delegada de Derechos Sociales ha señalado que “seguimos estudiando un método adecuado con todas las garantías por parte de Intervención y con los informes municipales que permitan formalizar la contratación” y ha añadido que, “mientras eso sucede, si la institución suspende temporalmente la prestación del servicio, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento posibilitaría que las familias que vivan una situación de riesgo de sufrir un desahucio cuenten con un óptimo asesoramiento legal”.
