Los exalcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe, la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos y otros 11 exediles marbellíes han mostrado su conformidad con la acusación formulada por la Fiscalía de Málaga contra ellos por la concesión de otra licencia irregular, en este caso la del hotel Guadalpín Banús. La causa, que se iba a juzgar en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital, se refiere a la licencia solicitada en 2001 por una promotora, que posteriormente pasó a denominarse Aifos. En noviembre de 2002, según las conclusiones del fiscal, la comisión de gobierno, encabezada por Julián Muñoz, concedió por unanimidad el permiso al proyecto básico, aunque condicionado.
Redacción
En febrero de 2004, según sostuvo el ministerio público, otra comisión de gobierno, en la que participaron, entre otros, García Marcos y Tomás Reñones, acordó por unanimidad dar por cumplimentados los condicionantes impuestos; y finalmente en julio de dicho año, en otra comisión, en la que estuvo presente, entre otros, Yagüe, se dieron por resueltas las exigencias.
Según consta en el escrito del fiscal, desde el inicio del expediente para la concesión de esta licencia constan informes en los que se advierte de que falta documentación o de que el proyecto no se ajustaba ni al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ni a la revisión por exceso de ocupación.
Esta conformidad forma parte del acuerdo entre la Fiscalía y las defensas en cuanto a licencias de obras. Se les condena por un delito contra la ordenación del territorio y las penas se corresponden con dicho pacto, por lo que Muñoz y otros dos exediles se mostraron de acuerdo con un año de prisión; y otros acusados se conformaron con nueve meses de cárcel.
En lo que se refiere a Yagüe, García Marcos y otros exconcejales, en este caso el acuerdo contempla 10 meses de multa, en lugar de 12 meses -al aplicarse las dilaciones indebidas-, con una cuota diaria de 10 euros, lo que supone 3.000 euros. En el caso de Francisco Javier Lendínez, la pena es de 15 meses de prisión. Todas las penas conllevan 10 años de inhabilitación para cargo electivo.
En esta causa estaba como acusación particular una comunidad de vecinos, que se retiró. Asimismo, el ministerio público eliminó la acusación por desobediencia que había formulado contra el dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y su mujer, entre otros motivos porque no estaba claro que hubieran recibido la orden de paralización de las obras y el inmueble ya está legalizado, han indicado otras fuentes.
