El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) que en España se han vulnerado los derechos a la salud y a la seguridad en el trabajo, entre otros, al no dotarse adecuadamente a los profesionales sanitarios de los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor profesional frente al coronavirus con todas las garantías.
En el texto de la denuncia del Sindicato se argumenta, a lo largo de sus más de 20 páginas, que en España se ha vulnerado la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ya que se ha atentado de forma muy grave contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales y otras personas, como los pacientes, familiares y compañeros de trabajo, al exponerles de manera continuada al virus sin contar con la protección adecuada.
Por ello, SATSE pide a esta agencia de la Unión Europea que inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados y exija al estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los profesionales sanitarios.
Según el Sindicato, ante la gravísima situación sanitaria existente, el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria y no ha realizado las acciones adecuadas con la premura y previsión debida al objeto de prevenir la necesidad de medios de protección (EPIs) y planificar y adoptar las medidas necesarias para, dentro de sus posibilidades, paliar la situación.
Al respecto, la denuncia de SATSE incide en que en España se han dictado normas sobre cómo deben ser los equipos de protección ante la pandemia existente, qué requisitos deben contener o cómo deben de ser y, sin embargo, aún siendo conocedor el Gobierno de su necesidad desde el pasado mes de enero, no ha sido hasta finales de marzo del presente año cuando ha procedido a realizar gestiones para intentar proveer del material necesario.
En lo que se refiere a la total falta de previsión, la denuncia concluye que, a pesar de que el contagio no estaba controlado desde primeros de febrero, no es hasta el día 14 de marzo cuando se decreta el Estado de Alarma y se toman medidas de confinamiento de la población, y no es hasta el 24 de marzo cuando se formaliza un contrato de compra de material sanitario (mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración) asistida a China para hacer frente al coronavirus.
“Existe una responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la Unión Europea y del propio marco normativo del Estado español y existe una responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto que pese a su conocimiento y a sabiendas de la crisis que se acontecía desde el mes de enero de 2020, no ha adoptado las medidas necesarias en tiempo y forma, y tampoco ha procurado prever de la necesaria dotación de medios a sus trabajadores a los que se les exige la prestación de su labor profesional”, reitera.
La organización sindical recuerda en su denuncia que la violación del derecho comunitario es manifiesta y denunciable cuando ha perdurado en el tiempo y cuando las recomendaciones de la autoridades sanitarias, tanto nacionales o como europeas, han sido obviadas.
Algo que ha ocurrido en España, añade, ya que el Gobierno ha hecho caso omiso y no ha hecho previsión ni planificación y no ha adoptado las medidas pertinentes. “Al contrario, las que adopta son tardías, y, además, sin dotar a los profesionales de las medidas necesarias para desarrollar su labor profesional con unas mínimas garantías”, señala.
“Los requisitos para que exista esa responsabilidad por parte del Estado español es más que evidente y clara, pues existe una grave vulneración del derecho a la salud, a la vida, a la seguridad en el trabajo…etc., derechos fundamentales de las personas, y además existe una relación de causalidad pues el incumplimiento normativo por parte del Estado Español de no dotar adecuadamente en tiempo y forma a los profesionales de los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor profesional, incumpliendo sus propias previsiones normativas, ha provocado graves perjuicios a los mismos”, concluye.
