El grupo municipal CSSP-Podemos lleva al pleno de este próximo viernes una moción de apoyo a la reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que proteja los derechos de las personas arrendatarias, la aplicación de medidas –a todos los niveles– para mejorar y aumentar la gestión del parque público de vivienda y frenar a la subida de la renta de alquiler.
Podemos recuerda que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional que impone a los poderes públicos obligaciones referidas al uso del suelo de acuerdo con el interés general.
Contrariamente, estos poderes han estado fomentando el régimen de propiedad como vía prioritaria, lo que ha dado enormes beneficios al sector inmobiliario-financiero, provocando la crisis habitacional más grave de los últimos años.
La formación morada hace hincapié en sucesivas sentencias del TEDH y en el reciente dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que condenan a España por vulnerar el derecho a la vivienda y le obliga a tomar medidas.
CSSP-Podemos alerta que la problemática se ha trasladado a la vivienda de alquiler, pasando a estar controlada por fondos buitres y entidades financieras, incrementando los precios de forma abusiva y expulsando a los vecinos de sus barrios y ciudades. La especulación con un derecho fundamental está provocando un desbocado proceso de pérdidas de viviendas para su conversión en instalaciones turísticas y generando una nueva burbuja inmobiliaria.
La situación se agrava por las limitaciones presupuestarias que impiden la inversión en políticas públicas activas que aumenten la oferta de viviendas pública asequible.
Podemos critica la que las inversiones de los superávit municipales excluyan la las inversiones en vivienda y rehabilitación y considera imprescindible su inclusión en el recién aprobado Decreto-Ley para la reinversión de este superávit.
En la propuesta, la formación morada propone toda una batería de medidas para la solución de esta problemática que incluyen:
1.– Instar al Gobierno de España a la reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para proteger los derechos de los arrendatarios y arrendatarias.
2.– Instar a la Junta de Andalucía a:
Que presente urgentemente un plan de mejora de la gestión de su parque público de vivienda en Marbella, con propuestas claras de ampliación.
Que ponga en marcha las iniciativas legales para fomentar la puesta en uso de viviendas vacías de bancos o de otros grandes propietarios.
Que defienda los derechos de los consumidores frente a las entidades financieras que no acrediten la titularización –o no– sus hipotecas.
Que se acometan las actuaciones y/o modificaciones normativas necesarias para poner freno a la subida del alquiler propiciada por las plataformas digitales de alquiler turístico. Tal y como ya anunció la presidenta de la Junta de Andalucía.
3.– Que el Ayuntamiento de Marbella acuerde:
La creación de una Comisión de Trabajo y Seguimiento de las Políticas de Vivienda conformada por representantes de todos los grupos políticos, bien sean concejales o personas delegadas.
La creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, dotada del personal y de los recursos necesarios.
Crear un canal de comunicación municipal con las plataformas online de alojamiento turístico, para notificarles las viviendas que incumplan con los requisitos del Decreto 28/2016 de 2 de febrero que las regula, dándolas de baja de la plataforma online bajo infracción.
Medidas de control, inspección y notificación a la Junta de Andalucía en cuanto a infracciones de la vigente Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía por parte de los propietarios de viviendas turísticas.
Elaboración de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo para la promoción municipal de vivienda pública destinada al alquiler social y justo, que realice un estudio de ponderación sobre:
Las necesidades de vivienda del municipio.
El número de demandantes de vivienda social.
La media de renta por habitante para establecer políticas de limitación sobre la disponibilidad de vivienda turística en el municipio.
