Desde la formación morada, a través de su Secretario General, Manuel González’ Lolo’, cuestionaron que este convenio con el Colegio de Abogados, “además de tener un coste económico se ha firmado sin convocar antes la Mesa de Seguimiento. De haberla convocado Isabel Cintado (PP) hubiese comprobado lo inapropiado de esa decisión y las diversas opciones más apropiadas que existen”, denunciando así que se ha despreciado el buscar el consenso en esta materia. Victoria Mendiola, concejala de Marbella Sí Puede apuntó además que “este convenio es un parche para salir al paso y conseguir el titular propagandístico. Y, además de resultar inservible, tiene un doble coste: el económico que pagamos con nuestros impuestos y el social que pagan los afectados a los que no les ofrece soluciones”.
Ante estas manifestaciones Lara ha defendido el haber logrado alcanzar el consenso e implicación de diversas administraciones públicas, a las que ahora se incorpora el Ayuntamiento de Marbella, un hecho sobre el que el profesional del derecho se ha mostrado satisfecho, considerando como “inexplicable” el que no se haya concluido antes.
En esta línea apuntó además que “este servicio que se cuestiona por Podemos desde que se puso en marcha ha salvado más de 800 ejecuciones hipotecarias en la provincia de Málaga con un servicio absolutamente profesionalizado, especializado”. El letrado explicó además que “el colegio ha asumido con recursos propios la formación de los abogados, que tiene un coste, el que sea gratuito no quiere decir que no cueste dinero, y sin embargo, se ha hecho. Hemos preparado a los nuestros, lo hemos prestado de forma gratuita y ahora cuando se perciben ingresos se perciben apenas para cubrir el coste de la formación y el coste administrativo de la organización del servicio, pero con todo orgullo tengo que decir que gracias a los abogados malagueños, con la implicación de las administraciones, hemos paralizado más de 800 ejecuciones presupuestarias, con ese dato les contesto a esa afirmación”.
A las palabras sobre el gasto de Mendiola se sumaron las de Eduardo Frapollí, asesor del Consejo Ciudadano de Podemos, quien afirmó que es un “gasto económico con resultado incierto, cuando no nulo, por falta de análisis previos con los expertos y los afectados. ¿Saltarse el techo de gasto para rescatar a las personas? Sí. ¿Dilapidar el dinero de todos? No”.
Unas afirmaciones que quedan en entredicho después de que la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, afirmase que se trata de un servicio que el tripartito pretendía encomendar a un bufete privado empleando el doble de presupuesto de lo que se invertirá gracias al acuerdo con el colectivo profesional de los abogados.
“El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Asuntos Sociales, mantiene la Oficina de Intermediación, estaba contratado un despacho de abogados que sacaron a licitación para dos años por 118.000 euros” y ahora el servicio lo prestará el Colegio por una cifra de 25.000 euros, en definitiva, la mitad de lo que el tripartito hubiese empleado en el primer año del contrato, cuando la cifra hubiese rozado casi los 60.000 euros.
