En la Junta de Gobierno de esta martes, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Porcuna, destacaba que en las últimas dos semanas Marbella había aprobado varias licencias de obras que sumaban un montante de 12 millones de euros para diferentes proyectos en el municipio, principalmente de viviendas unifamiliares, y aunque este dato apunta a que la promoción inmobiliaria sigue confirmando que está en la senda del repunte, si miramos con lupa los últimos datos aportados por el Colegio de Arquitectos de Málaga, Marbella no está en sus mejores tiempos, incluso la cifra de viviendas visadas en los tres primeros trimestres del año es significativamente inferior a la registrada en 2015, cuando esta era más del doble. En concreto, en el periodo que abarca de enero a septiembre, las viviendas visadas en la ciudad han sido 128, frente a las 444 registradas durante el mismo periodo del año anterior. Además, Marbella se encuentra en el cuarto puesto en este indicativo con respecto a los principales municipios de la provincia. Es superada por Mijas, con 272 viviendas visadas, así como por la capital con 498. Especialmente destacable es la situación que se da en el municipio vecino de Estepona, donde su crecimiento en promoción inmobiliaria ha sido exponencial, pasando de las 21 en 2015 a las 343 en los tres primeros meses de este año.
Irene Catalán
Esta importante bajada tiene un causa clara, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y la “ralentización del equipo de Gobierno en aplicar las medidas a corto y largo plazo, lo que deriva en una paralización del urbanismo en Marbella y en una seguridad tremenda para el sector”. Así lo considera Cristobal Garre, experto en la materia y concejal de PP, a tenor de los datos aportados por el Colegio de Arquitectos, y quien en más de una ocasión ha advertido de la paralización que sufre el municipio en este ámbito. De hecho, tan sólo hay que atender a los plazos que se han ido dando desde la anulación en noviembre de 2015 del PGOU por el Tribunal Supremo para confirmar el freno que se está dejando notar a este respecto.
Por un lado, Garre se refirió a la adaptación de las normas urbanísticas al planeamiento del 86 -el vigente actualmente- una proceso que acaba de concluir su periodo de alegaciones, “por lo que, según los plazos que manejamos, hasta enero del año que viene esta medida no va a estar totalmente resuelta”.
Por otro, la adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), fórmula elegida por el Ayuntamiento, conjuntamente con la Junta de Andalucía, para dar seguridad jurídica a los inversores tras la anulación.
En el anuncio de la elección de esta fórmula transitoria, el Ayuntamiento daba como fecha para concluir el proceso, finales de año, sin embargo, parece que este no se va a cumplir, ya que, según Garre, se continúa sin dar “nuevos pasos al respecto”, situación similar a la que vive la elaboración de un nuevo planeamiento, documento “muy necesario” para el municipio, puesto que este “ayudaría muchísimo al municipio para salir de este caos urbanístico en el que se encuentra”, puntualizó el edil.
