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lunes, noviembre 25, 2024
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El subdelegado del Gobierno llama la atención al equipo de Gobierno y le conmina a reconocer la independencia judicial tras las declaraciones de su portavoz

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El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones Artacho, ha exigido hoy respeto hacia la Abogacía del Estado y a la Administración de Justicia, ante las críticas «nada constructivas y menos objetivas de algunos representantes municipales”. «No es de recibo dudar de la independencia de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ni de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre las que algunos alcaldes y dirigentes municipales han vertido acusaciones muy graves», ha subrayado Briones en referencia a los recursos Contencioso-administrativos interpuestos contra una ordenanza y un reglamento aprobados ambos por acuerdo plenario en los ayuntamientos de Torremolinos y Marbella, respectivamente.

Y es que, el pasado martes, tras la Junta de Gobierno local de nuestra ciudad, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Porcuna, señaló que le parecía “desproporcionada”

la intervención de la Abogacía del Estado al presentar un recurso contra el Reglamento de Directores Generales que ha supuesto la suspensión del procedimiento de selección por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Briones ha advertido a los nuevos dirigente de algunas corporaciones locales de la necesidad de «mantener la lealtad institucional» y les conmina a reconocer la «profesionalidad e independencia de los funcionarios de la Administración General del Estado y de los órganos judiciales”.

El Subdelegado del Gobierno ha negado tajantemente cualquier ingerencia política y ha mostrado su sorpresa y malestar ante tales manifestaciones: «Sin duda estos responsables políticos tienen escaso conocimiento del funcionamiento ordinario de la Administración General del Estado y de la propia legislación».

Briones ha mostrado su preocupación ante lo que considera una «falta de respeto hacia las resoluciones judiciales».

En este sentido el subdelegado ha insistido en la necesidad de reconocer en todo momento la profesionalidad y la independencia de los funcionarios del cuerpo de Abogados del Estado y los Tribunales, «cuyas resoluciones son siempre motivadas, y hay que recordar que sobre las mismas hay establecido además un sistema de recursos que garanticen un procedimiento justo».

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