La polémica surgida en torno al uso de los caballos de la Policía Local para hacer el cortejo de una boda de un miembro de PSOE, y que puso a Marbella de nuevo en el punto de mira de los medios nacionales, sigue dando coletazos. El PP ha vuelto a dar hoy un giro de mando anunciando que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción este hecho, para que sea el Ministerio Público quien determine si se ha cometido un presunto delito de prevaricación. Así lo anunció hoy el concejal y parlamentario andaluz de la formación popular Félix Romero, quien explicó que han tomado esta decisión después de que el Ayuntamiento haya archivado el expediente informativo que abrió para depurar las posibles responsabilidades de este hecho. “Uno de los argumentos que se esgrimen es que este tipo de actos se han llevado a cabo en años anteriores, algo que es falso, estos eventos no se han realizado en años anteriores, salvo con el GIL”, subrayaba Romero, quien además indicaba que pese a la transparencia a la que aluden continuamente desde el equipo de Gobierno con respecto a su gestión, al PP no se le ha facilitado la copia de este expediente, a pesar de haberlo requerirlo en sucesivas ocasiones. Pero más allá de este expediente, el también parlamentario se refirió al informe elaborado por el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, a este respecto, al que calificó de “auténtica burla”, mientras desgranaba los detalles dados por el superintendente en el mismo, unos datos que, según Romero, no se correspondería con la realidad de lo que ocurrió; por un lado en cuanto al número de policías, -cinco agentes, dos de ellos a caballo y de gala-, donde el informe apunta que “no se dispone de un número concreto de agentes para este servicio”, además, el escrito precisa que uno de los contrayentes tenía vínculos familiares con la Policía Local “sin reconocer que esos vínculos, al parecer son directamente con el jefe del Cuerpo”, indicaba el edil popular.
Irene Catalán
Pero sin duda, donde mayor hincapié ha hecho hoy Romero es el apartado del informe donde se dice que los policías informaron al superintendente de que “es práctica inveterada (práctica continua) la utilización y participación de los componentes del escuadrón de caballería en bodas”, una afirmación que ha sido desechada por el parlamentario, recalcando que hace más de diez años que este tipo de actos no se dan en Marbella.
Asimismo, el informe abunda en que los miembros del escuadrón de caballería prestan servicio ordinario en la zona del centro de la ciudad, algo que no sería así, según precisó Romero, puesto que los cascos de los equinos dañan el pavimento de la zona “por lo que miente el jefe de la Policía cuando dice que estaban de servicio en aquella zona”, lamentando que defina a este escuadrón en el informe como “pintoresco y ceremonial”, pese a que su función es de carácter institucional. En este sentido, el escrito apunta que, los agentes habrían hecho “un favor personal” a Montoya y que estaban de servicio, sin embargo en el parte no se apunta que se llevara a cabo algún otro servicio ese día. “Nos parece muy grave que se distrajesen policías del servicio ordinario, y sólo hubiese dos a caballo, de servicio, ese día en Marbella y estuvieran en la boda”.
Los populares han dado la oportunidad al tripartito para que “se explicasen, se disculpasen y exigieran responsabilidades”, pero ante la respuesta obtenida, con el archivo del expediente, han decidido elevar el tema al Ministerio Público.
UNIFORME DE LA POLICÍA
Durante su intervención, Romero también se ha referido al concurso impulsado por el equipo de Gobierno para la adquisición de una nueva uniformidad de los policías locales con un coste para las arcas públicas de 800.000 euros, un pliego para el suministro de estos uniformes que el Ayuntamiento se ha visto abocado a paralizar por la protesta de la Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía (AJDEPLA).
El colectivo alzaba la voz al comprobar que el tripartito pretendía introducir el color blanco en la uniformidad ordinaria de los agentes, incumpliendo de este modo la ley, ya que es contrario a la Orden de la Junta de Andalucía que regula las características de dicha uniformidad.
El concejal de Seguridad, Javier Porcuna, explicaba ayer, a preguntas de los periodistas que, pese a que es cierto que la propuesta del Ayuntamiento no cumplía con el decreto autonómico, ninguna de las policías locales de la Comunidad lo hacen y además el propio decreto está a punto de ser modificado. De ahí, que hayan solicitado ahora un informe al jefe de la Policía Local para determinar de qué forma se retoma el procedimiento. Romero calificó esta afirmación de “increíble, que un concejal de Seguridad y el jefe de la Policía Local reconozcan que la ley no se cumpla”.
