A partir de abril, los ayuntamientos deberán cobrar más a los vecinos, hecho que los populares pretenden frenar y para lo que han iniciado una ofensiva institucional
La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha anunciado este miércoles que la formación popular va a iniciar una ofensiva institucional para frenar el que ha denominado «tasazo de la basura impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin diálogo ni acuerdo previo y que obligará a los ayuntamientos a cobrar más a los vecinos por este servicio».
Y es que este nuevo tributo sobre la gestión de residuos, que entrará en vigor a partir de abril, será de obligado cumplimiento en 2025. En concreto, esta nueva tasa supondrá que los vecinos asuman los costes tanto de recogida como de tratamiento de basura suponiendo esto que el recibo anual de los contribuyentes llegue a multiplicarse.
Este hecho pone en evidencia una vez más a Pedro Sánchez ante una medida, la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sobrevenida y muy impopular. Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, “que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”, dice la Ley 7/2022.
La también alcaldesa de Torremolinos ha recordado que el cambio viene determinado por una directiva europea que busca avanzar en esta materia, e incluso premiar a los que menos contaminen, sin embargo, se da la potestad de articular el desarrollo de la misma a cada estado y ahí es donde “Sánchez vuelve a machacar a los españoles, obligando a los ayuntamientos a hacerlo”, es decir el Consistorio sería simplemente el intermediario en una medida impuesta por el Gobierno de la nación.
El Partido Popular reclama financiación estatal para soportar esta nueva tasa que supondrá además una renovación total de todo el mobiliario de basura: nuevos contenedores, nuestros sistemas de tonelaje, de recogida etc. Además, los populares exigen que a partir de su puesta en marcha el Estado implante medidas de control para garantizar que todos cumples y así evitar nuevas desigualdades entre territorios.
