Fue con Cristóbal Montoro cuando, en 2018, se incluyó en los Presupuestos del Estado la posibilidad de que el dinero de las causas judiciales por corrupción revirtiese directamente en la ciudad, todo lo contrario de lo que ocurre actualmente
Desde su llegada a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz, ha luchado siempre para que las propiedades pertenecientes a los condenados por los casos de corrupción reviertan en la ciudad a modo de inversión. Algo que se pudo comprobar en la última feria de San Pedro Alcántara, todo un éxito y celebrada en la Finca La Caridad, antigua propiedad de Antonio Roca.
Pues bien, parece que este hecho no va a volver a repetirse o al menos mientras el Partido Socialista siga al frente del Gobierno central pues éste está impidiendo lo que Mariano Rajoy hizo posible con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. Y es que se ha sabido que la Audiencia Nacional ha decretado la subasta de una parcela por valor de 7,3 millones de Euros de Pedro Román, ex teniente de alcalde de Marbella (1991-1998) y mano derecha de Jesús Gil, por un delito continuado de malversación. El promotor, que dio el salto a la política, puso su firma en multitud de acuerdos del ayuntamiento con constructores privados y se vio envuelto en dos de los casos de corrupción política más notables de la región: el caso Malaya y el caso Saqueo. Esta sentencia significa que en lugar de volver a la ciudad, tal y como solicita Muñoz, Hacienda terminará beneficiándose de ello pues la parcela no será para beneficio de los marbellíes, a los que les pertenece, sino para algún promotor o inversor.
Marbella viene reclamando que este tipo de propiedades vuelvan al municipio para que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellas como es el caso de La Finca de La Caridad o el antiguo edificio de Urbanismo situado en Ricardo Soriano que se convertirá en Centro de Salud. La publicación de los Presupuestos Generales del Estado mostraron nuevamente que esta petición por parte de la localidad no era tenida en cuenta por lo que en Pleno se aprobó el instar al Gobierno reconsiderara esta decisión, algo que Ángeles Muñoz también trasladó al Senado.
