La satisfacción se podía ‘leer’ entre los labios del portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, quien en la última Junta de Gobierno Local, celebrada en San Pedro Alcántara, ha informado de los últimos acuerdos adoptados. Y es que si bien éste ha comentado que se llevará a cabo un concurso entre las carrozas de carnaval 2015, sin duda, han sido las 30 ayudas distintas a personas en situación de exclusión social o con deficiencias, la noticia que más le ha gratificado comunicar a los medios.
REDACCIÓN. SAN PEDRO
Estas ayudas, aprobadas en Junta, abarcan desde las necesidades de menores, hasta contingencias extraordinarias que afecten a toda la unidad familiar. Sin olvidar, los gastos de luz, agua o incluso el importe de hostales que den techo a aquellos que carecen de él. “Este tipo de acuerdos, en este caso 30, demuestran la vocación social que tiene este Ayuntamiento”, ha explicado Romero, quien también ha aprovechado para denunciar públicamente la actitud de la Junta de Andalucía, pues asegura los Servicios Sociales es competencia propiamente autonómica, sin embargo, “en Marbella no hay ni una sola instalación que tengan en cuenta la situación de las personas que padezcan alguna necesidad”, por ello, afirma, es el Ayuntamiento el encargado de afrontar una serie de iniciativas para ayudar al ciudadano.
En lo que respecta al ámbito lúdico, se ha aprobado el concurso de carrozas del carnaval 2015, que será dotado con 600 euros tanto para Marbella, como para San Pedro Alcántara.
Por otro lado, Romero ha hecho hincapié en una sentencia obtenida en los Tribunales de Justicia referente a una reclamación patrimonial que se le hizo al Ayuntamiento de Marbella por parte de la sociedad UTAG S.L. como indemnización por el cambio de calificación en el PGOU de unos terrenos adquiridos en la zona de Arroyo de Nagüeles.
Romero ha explicado que “la parcela estaba calificada como suelo urbanizable programado antes del PGOU y se había desarrollado a través de un plan parcial de ordenación y un proyecto de compensación al amparo de un convenio urbanístico ejecutado en el año 1997 que aumentaba sensiblemente la edificabilidad y la delimitación del suelo”.
“Por el PGOU vigente, estos terrenos pasaron a ser calificados como sistema general de espacios libres, concretamente como parque fluvial, y el reclamante estimó que esta modificación le había causado un perjuicio que cifraba en 26 millones de euros y que reclamaba al Ayuntamiento”, ha precisado el portavoz.
La sentencia ha puesto de manifiesto “que no hay precepto alguno que reconozca el derecho a indemnización por la alteración de un planeamiento urbanístico y, además, este equipamiento no llegó a incorporarse finalmente al patrimonio”.
Romero ha indicado que “la sociedad puede pedir derecho de aprovechamiento en otros lugares, pero no al Ayuntamiento por el valor que reclamaba porque, como reflejan los tribunales, no es responsable de las ilegalidades urbanísticas que se cometieron en el pasado”.
En definitiva, explica Romero, “la sentencia dice que no hay precepto alguno que reconozca el derecho a ser indemnizado por la alteración de un planeamiento”. Y es que según apuntó el portavoz esta sentencia “viene a decir que el instrumento que se siguió para la vuelta a la legalidad urbanística era correcto, pues aunque el Plan requiere de muchas reformas fue adecuada para devolver la normalidad a Marbella”. Por ello, asegura Romero, los tribunales dejan constancia públicamente de que el actual equipo de Gobierno “no es responsable de las ilegalidades que se cometieron en épocas anteriores”, cuando la imagen de Marbella en nada se asemejaba a la actual.
