Tras 15 meses de deliberaciones del tribunal, el pasado octubre de 2013 conocíamos la sentencia del ‘caso Malaya’, un escrito que contenía unos 5.774 folios. Hasta llegar a este punto, el trabajo llevado cabo por los abogados en general, y por los pertenecientes al servicio de asistencia jurídica gratuita en particular, ha sido arduo y largo en el camino. El propio Colegio de Abogados de Málaga quiere que se les reconozca esta labor y que por tanto, se les compense económicamente “en condiciones dignas”, ya que según lamentó el propio decano de este colectivo profesional, Francisco Javier Lara, la Junta de Andalucía “decidió pagar a 300 euros” la labor de los abogados de oficio. De ahí, que el Colegio haya presentado una demanda contra el Ejecutivo andaluz para reclamar que a los letrados “se les pague en condiciones dignas”. Así lo reclamaba a pregunta de los periodistas, en el marco de un convenio suscrito hoy entre el Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Abogados de Málaga, para la celebración de XI Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.
I. Catalán
No es la primera vez que los abogados de oficio se encuentran en una situación de esta índole por parte de la Junta, ya que han reclamado en sucesivas ocasiones el abono que la Junta tenía pendiente en algunas de las mensualidades de la prestación de este servicio de asistencia jurídica. De Lara destacaba hoy que es “la primera vez en la historia” que el Gobierno andaluz está al corriente de este pago.
