El concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista José Bernal ha informado hoy de que tiene previsto llevar una moción al pleno para que el Gobierno cumpla con el compromiso de asumir el complemento de 250 euros a los examinadores. En la moción, el concejal recuerda que los examinadores de tráfico han protagonizado jornadas de paro desde el pasado mes de junio, a excepción del mes de agosto. Durante todas las jornadas de huelga, todos los lunes, martes y miércoles de cada mes, piden un complemento específico de unos 250 euros al mes, pero la Dirección General de Tráfico no quiere llevarlo a cabo.
Los paros han afectado la actividad de las Jefaturas de Tráfico con la suspensión de, al menos, 200.000 pruebas prácticas de conducir, así como al sector de las autoescuelas, que alega pérdidas millonarias que están ocasionando el cierre de los centros de formación, según señala en la moción.
Según los representantes de los trabajadores, los 250 euros es una cantidad “ridícula” que el Gobierno debe asumir. Al mismo tiempo, el edil señala que la reivindicación de un complemento específico para los examinadores está más que justificada por una carga de trabajo muy elevada y por los riesgos de amenazas y agresiones que padece este colectivo. Si el problema ha llegado a este punto es por falta de voluntad política del Gobierno de Rajoy.
Sólo en la provincia de Málaga, la huelga de examinadores de Tráfico ha ocasionado ya el cierre de diez autoescuelas, la pérdida de empleo para medio centenar de profesionales y el retraso de 9.000 exámenes de conducir desde que la situación comenzara a principios de verano pasado.
“Si el problema se alarga hasta el próximo verano, pueden acabar cerrando más de la mitad de las casi 300 autoescuelas de la provincia y afectado a los 2.000 trabajadores del sector”, señaló Bernal, después de recoger los datos de los que han alertado los representantes de los trabajadores.
Málaga ha sido la provincia andaluza donde se han suspendido más pruebas con motivo de la huelga de examinadores de Tráfico. Además, según una respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoce que entre el 2 de junio y el 31 de julio de 2017 se han suspendido 3.900 pruebas, lo que representa el 23 por ciento del total de Andalucía,
“Desde que el Partido Popular está en el Gobierno de la nación se ha recortado en un 18 por ciento el número de examinadores. En la provincia de Málaga en 2011 había un total de 33 examinadores; en el año 2017, el número de examinadores se ha reducido hasta los 27”, declaró y añadió que el Gobierno solo necesita 2,5 millones de euros para cumplir su compromiso que adquirió en 2015 de un complemento económico con carga de trabajo.
