Desde ISP han aprovechado que, recientemente Juan Antonio Gil de los Santos, del Grupo Parlamentario Podemos, preguntó recientemente en el Parlamento de Andalucía acerca de la independencia de San Pedro Alcántara, gesto agradecido desde la asociación sampedreña, para hacer un balance de la respuesta del Vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y de los diferentes partidos que integran la Corporación local. ISP apuntó directamente a OSP quienes, según un comunicado remitido por la asociación independentista, “desde enero de este año no hemos obtenido respuesta oficial a nuestra última petición para que negocie el allanamiento de la Junta de Andalucía en el procedimiento ante el Tribunal Supremo”.
Una circunstancia que ha llevado a la asociación a “pedirles que recapaciten, tanto sus directivos, como sus afiliados y simpatizantes, para que no sigan manteniendo en el poder a un partido, como es el socialista, que sigue entorpeciendo el destino de San Pedro Alcántara, oponiéndose a la creación de un ayuntamiento propio. Igualmente para que hagan cumplir el mandato del Pleno Municipal y se modifiquen, rectifiquen y mejoren los informes que realizó el Partido Popular en contra de la segregación, faltando en todos ellos a la verdad jurídica y física de nuestra localidad”.
Y es que, ISP ha criticado la actitud del consejero andaluz señalando que “nos parece lamentable y cínica, por poner unos calificativos suaves, al decir que su gobierno ‘cumplirá escrupulosamente’ lo que dicten los tribunales sobre la segregación; que ‘no va a entorpecer el legítimo deseo de unos o de otros’; o que han estado velando para que ‘se cumpla la legislación, y no le queda la menor duda de que lo hará, como hace siempre, y que cumplirá escrupulosamente la resolución judicial’.
De este modo señalaron que “la Junta de Andalucía, o lo que es igual, el Partido Socialista Obrero Español, ha estado actuando en connivencia con GIL y PP en este asunto desde tiempo inmemorial, incluso oponiéndose a los deseos de los ciudadanos, la legalidad vigente al momento de presentar el Expediente y durante todo el procedimiento judicial y administrativo posterior. Ellos sabrán cuáles son los intereses ocultos que unen a estos tres partidos.
En segundo lugar, también la Junta de Andalucía es la que ha ido modificando la legislación nacional hasta en tres ocasiones para entorpecer (en exclusiva), la segregación de San Pedro Alcántara, ya que muchas entidades locales con un número infinitamente menor al nuestro y con menores recursos económicos, han obtenido su independencia sin problemas. Ahí están los casos de Villanueva de la Concepción, con 3.386 habitantes; Serrato, con 500; Montecorto, con 649… y así un largo etcétera, a lo alto y ancho del territorio español.
En tercer lugar, advertir la utilización por parte de Francisco Menacho Villalba, ex Consejero de Gobernación y Justicia, en el Decreto 275/2011, de 29 de agosto, sobre inadmisión de la segregación, la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, derogada desde el 23 de Julio de 2010, cuando realmente correspondía aplicar la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, vigente desde esa fecha de derogación de la anterior, en cuya Disposición Transitoria Primera, sobre procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, “les será de aplicación el régimen jurídico vigente en el momento de su incoación.” O lo que es igual, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y su reglamento de 1986, cuyos preceptos se cumplían al 100% en el ámbito del Expediente de Segregación de San Pedro Alcántara.
Si todo esto es salvaguardar la legalidad y las garantías constitucionales por parte de la Junta de Andalucía, que bajen los Dioses del Olimpo y lo certifiquen, porque ha resultado ser completamente todo lo contrario, rozando, por parte de varias administraciones, la prevaricación.
Así, la asociación pro independencia ha hecho un recorrido sobre diversos hitos con los que tratan de mostrar que “desde hace 25 años, tanto el Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Grupo Independiente Liberal (GIL), se han opuesto a la segregación de San Pedro Alcántara, utilizando todo tipo de argucias legales e ilegales, intentando desvirtuar un movimiento vecinal que sigue vivo, junto al Expediente de Segregación presentado en el año 1991”.
