Una nueva imagen de las retenciones en Marbella vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica de la Costa del Sol: la liberalización de la AP-7. Mientras miles de conductores soportan los atascos de la antigua N-340, la alternativa de pago continúa infrautilizada por sus elevados peajes.
Marbella, 16 de noviembre de 2026. La imagen que retrata al Gobierno de Sánchez. La fotografía habla por sí sola. Dos carreteras, un mismo destino y dos realidades completamente diferentes. A un lado, la A-7, antigua N-340, con largas colas de vehículos que avanzan lentamente. Al otro, la autopista AP-7, con una circulación considerablemente más fluida. Una imagen que resume uno de los grandes problemas de movilidad que arrastra Marbella y que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin resolver.
La escena, captada en el entorno de Marbella, vuelve a evidenciar las consecuencias de mantener una autopista de peaje como alternativa a una de las vías más transitadas de la Costa del Sol. Mientras numerosos conductores optan por soportar las retenciones antes que afrontar el coste de la AP-7, la infraestructura que podría absorber parte de ese tráfico continúa funcionando muy por debajo de su capacidad en comparación con la carretera convencional.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene mantener una autopista de pago mientras miles de ciudadanos pierden su tiempo diariamente en atascos a escasos metros de una vía mucho más despejada?

La situación adquiere especial gravedad cuando se produce cualquier incidencia en la A-7. Basta un accidente, un vehículo averiado o una intervención de mantenimiento para que la circulación se vea seriamente afectada. La falta de una alternativa gratuita de alta capacidad convierte cualquier contratiempo en un problema de movilidad que puede extenderse durante kilómetros.
Y mientras tanto, la AP-7 sigue siendo de pago.
Una solución que el Gobierno continúa sin materializar
La liberalización de la autopista constituye una de las principales reivindicaciones históricas de Marbella y del conjunto de la Costa del Sol. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa sin adoptar una medida que permita utilizar esta infraestructura de manera gratuita y permanente.
La contradicción resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que el Gobierno central ha eliminado los peajes de otras autopistas españolas al finalizar sus concesiones, mientras que los conductores de la Costa del Sol continúan pagando por disponer de una alternativa a los frecuentes atascos de la A-7.
Además, el problema no afecta exclusivamente a quienes se desplazan por motivos laborales. También perjudica a transportistas, empresas, profesionales, residentes y visitantes, con consecuencias para la actividad económica y la competitividad turística de Marbella.
La movilidad de la Costa del Sol no puede seguir dependiendo de la capacidad económica de los conductores para pagar una autopista.
Marbella sigue esperando respuestas
La imagen vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que el Ministerio de Transportes afronte de manera decidida los problemas de movilidad del litoral malagueño.
La liberalización de la AP-7, o la implantación de medidas efectivas de bonificación que permitan descongestionar la A-7, constituye una alternativa que merece una respuesta concreta del Gobierno central.
Mientras no se adopten soluciones, Marbella seguirá soportando las consecuencias de una red viaria sometida a una enorme presión, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística, aunque los problemas de circulación se repiten también durante el resto del año.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene pendiente explicar qué medidas concretas piensa adoptar para evitar que miles de ciudadanos continúen atrapados en una carretera saturada mientras existe una autopista paralela con capacidad disponible.
Porque la imagen deja una conclusión difícil de ignorar: el problema no es únicamente la cantidad de vehículos que circulan por Marbella, sino también la falta de soluciones para aprovechar las infraestructuras existentes.
Y, por ahora, la respuesta del Gobierno sigue sin llegar.







