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domingo, noviembre 24, 2024
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La policía local niega haber recibido presiones en el caso Funky Beach para no realizar inspecciones

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El pasado jueves cinco de febrero acudían a declarar por el caso Funky Beach los dos policías locales que supuestamente habría sido presionado por sus superiores para no realizar inspecciones al conocido local, de acuerdo con las declaraciones de Santiago Montero, secretario general del sindicato STAL. Según documentación a la que ha podido tener acceso este medio, los policías habrían negado este extremo, desmintiendo la posibilidad de que algún mando hubiese ejercido presiones o le hubiese dado órdenes de no inspeccionar la zona en cuestión. Uno de los agentes incluso llega a negar en la declaración que haya realizado acta alguna sobre el local Funky Beach, reseñando además no haber estado ni siquiera por allí.

Redacción

Los agentes de la policía local también han asegurado en su declaración que desconocen porqué uno de los declarantes del caso habría expuesto tales hechos, uno de ellos negó incluso la posibilidad de que se hubiese dado a entender en alguna conversación mantenida con el mismo, relatando que no habría hablado nada con él en tal sentido. Mientras que el otro agente asegura que no había ido nunca por donde está el establecimiento

Uno de los policías declarantes, según la documentación de este medio, habría negado asimismo conocer o tener relación con alguno de los investigados en el proceso, asegurando desconocerlos y manifestando que sólo le sonaba el del responsable de urbanismo municipal, Pablo Moro, por ser concejal, sin guardar con el mismo ningún tipo de relación. No obstante, ambos han negado tener algún tipo de relación con los investigados.

De este modo, los dos agentes policiales han desmentido que hayan existido presiones por parte de los mandos o incluso del propio ayuntamiento, ya que han negado mantener relación con el responsable del área de urbanismo municipal.

En este sentido, el propio Pablo Moro, concejal de Urbanismo, ha destacado que se trata de una “denuncia política” que “responde más a intereses partidistas” que a la realidad.

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