El concejal del Partido Popular y responsable de Urbanismo del grupo municipal popular, Cristóbal Garre, ha tirado de datos para tumbar los anuncios del actual equipo de Gobierno en materia urbanística, donde desde hace meses llevan anunciando desde el tripartito continuas inversiones en la localidad que, en base a los datos facilitados hoy por su formación, no se corresponden, al menos no de forma relevante, con expedientes correspondientes a su gestión. Garre informó que desde su formación se han analizado todas las licencias de obras aprobadas en Junta de Gobierno Local posteriores al 23 de junio de 2015, momento correspondiente con la llegada del nuevo Ejecutivo municipal. Un análisis que ha dado como resultado que el 99’83 por ciento de las cantidades percibidas por las mismas se corresponden con expedientes iniciados con anterioridad a su llegada, estando aparejada a la gestión del tripartito sólo el 0’17 por ciento.
B. Sánchez
Desde el 23 de junio, Marbella habría aprobado licencias de obra por valor de 85.021.782’44 euros, de los cuales sólo 141.154’34 se habrían recaudado por expedientes posteriores a la llegada del nuevo Ejecutivo Local, liderado por el socialista José Bernal; mientras que la inversión generada por los expedientes gestionados por la Corporación anterior sería de 84.880.628’10 euros, según los datos facilitados por la formación popular.
“La confianza con respecto al tema de las inversiones vemos que está, no descendiendo, sino casi anulándose”, afirmó el edil.
“SESGADOS” ANUNCIOS DE INVERSIONES
La semana pasada, el equipo de Gobierno anunció la aprobación en Junta Local de licencias de obra por valor superior a los cinco millones de euros, señalándose además que de esta forma, desde el inicio del 2.016, ya ascenderían a seis los millones lo recaudado.
Unos “datos erróneos”, según lo expresado por el edil, “en esa Junta de Gobierno Local se hizo una dación de cuenta de los expedientes que había en octubre, noviembre y diciembre”, unas tramitaciones que se corresponderían además con “decisiones tomadas con anterioridad a este equipo de Gobierno”.
“Hemos pasado de vivir de las rentas por parte del actual equipo de Gobierno a dar datos erróneos, la confianza en Urbanismo tiene que pasar por dar datos reales y fidedignos, no podemos estar dando información sesgada y que nos interesa en cada momento”, aseveró lo edil, que mostraba su “preocupación por lo que supone el freno en la actividad urbanística de la zona”.
RETRASO EN LOS PLAZOS
Otro de los aspectos que denunció el popular se corresponde con el retraso en las tramitaciones urbanísticas que está sufriendo el área municipal. “A día de hoy, nos citan miembros de funcionarios del equipo de trabajo que están resolviéndose en el doble de plazo que el que se hacía con anterioridad”.
Una cuestión que el PP achaca directamente a “la no renovación de cuatro de los técnicos, dos arquitectos respecto a temas de planeamiento y otros dos para licencias”, el pasado mes de septiembre y que desde la formación denunciaron en rueda de prensa. “Esto ha supuesto que se empiece a acumular retraso en cualquier tipo de solicitud que se hace del Ayuntamiento”.
TRAMITACIÓN NUEVO PGOU
Garre también clamó por la necesidad de agilizar los trámites respecto a la elaboración de un nuevo PGOU para la ciudad. “En enero pedimos que se incluyera más dinero en las partidas presupuestarias para el PGOU”, posteriormente, tras conocer la consignación que el equipo de Gobierno había previsto en los presupuestos para esta materia, la formación volvió a reclamarlo de urgencia.
Desde la formación lamentan que haya “una partida insuficiente en los presupuestos al contemplarse 400.000 euros frente al más de millón de euros del equipo redactor anterior”.
“Estamos trabajando en llevar iniciativas, creemos básicos buscar la solución a los terceros de buena fe”. “A corto plazo hay una solución, la adaptación a la LOUA, pero hay que trabajar la solución a medio plazo, licitar la redacción”, concluyó el edil, que anunció igualmente que su formación llevaría al Parlamento andaluz el debate sobre la normalización de las viviendas que se han quedado fuera de ordenación.
