Todos los sectores quieren mandar un mensaje de tranquilidad a inversores y ciudadanos, tras el varapalo sufrido por la anulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 por parte del Tribunal Supremo. Los últimos en mostrar su opinión al respecto y hacer una valoración del paradigma urbanístico que se nos presenta en el municipio, han sido profesionales del sector jurídico, que hoy daban una conferencia al respecto organizada por el Despacho de Abogados Martínez-Echevarría. Los expertos juristas abogaban hoy por la elaboración de un nuevo Plan General para la ciudad, tal y como recomienda la sentencia del Tribunal Supremo (TS), un planeamiento que “no mire al pasado “ni a las infracciones urbanísticas que se hubieran cometido con anterioridad, sino que su cometido se centre en las necesidades futuras de la ciudad. Así lo expresaba hoy el ex magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jorge Muñoz y socio de este bufete, una opinión de los profesionales del sector jurídico que entroncaría de forma directa con la actuación acordada esta semana por el Gobierno andaluz y el Consistorio, la ejecución de una normativa urbanística transitoria como medida más urgente, priorizando esta medida en contraposición a la elaboración de un nuevo planeamiento.
En su exposición Muñoz concretó además que el Ayuntamiento no debe como posicionarse como “juez y parte” a la hora de determinar cuáles deben ser las pautas a seguir en la regularización de los casos que, con anterioridad, se hubieran declarado ilegales; esto competería al órgano judicial correspondiente, que sería quien tendría que determinar si mantener las edificaciones y regularizarlas, algo que “no se debe hacer a través de un plan”, ya que considera que el Consistorio “se ha excedido”.
El ex magistrado quiso también mandar un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario y los terceros de buena fe, teniendo en cuenta que se deben respetar los derechos ya adquiridos por parte de los propietarios no se podrían imponer nuevas cargas a los mismos cuando los terrenos que adquirieron contaban ya con la condición de suelo urbano no puede revisarse para imponer nuevas obligaciones a los propietarios. Por tanto, en “ningún caso” situaciones consolidadas podrían ser revisadas.
Esta es la visión que han ofrecido los profesionales del Derecho para seguir vislumbrando el futuro urbanístico de la ciudad, un futuro que ayer mismo también se sometía a debate en la primera comisión técnica creada para estudiar diferentes posibilidades de solución transitoria y cómo ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo (TS) por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, una mesa de trabajo que continuará en los próximos días.
