El ayuntamiento de Marbella ha tenido que asumir casi 150.000 euros de gasto por la retirada de algas invasoras de nuestro litoral ante la inacción del Gobierno Central, administración competente para su retirada desde que en 2020 incluyese a la especie ‘Rugulopterix okamurae’ en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Según ha podido conocer este medio, solo en el mes de abril se han retirado 1.359,30 toneladas de algas invasoras de nuestro litoral, lo que ha supuesto para las arcas municipales un gasto de casi 150.000 euros, sólo durante dicho mes.
Actualmente, el precio de canon por cada tonelada es de 42,94€ por lo que el precio por la tasa de vertido asciende a 58.368,34€, a lo que hay que sumar 45.000€ por el alquiler maquinaria específica para la para retirada, se trata de camiones bañeras para cargar y una pala cargadora adicional.
A esta cantidad hay que sumar los gastos generales de maquinaria municipal que se está destinando a este servicio y que son dos máquinas tipo retroexcavadora y dos palas cargadoras. Una cifra a la que hay que añadir el de los trabajadores municipales que se han tenido que destinar a la retirada del alga invasora con operarios que trabajan de forma diaria en horario de 4.00 a 9.00 horas.
Se trata de la especie ‘Rugulopterix okamurae’, que como hemos señalado, fue incluida por el Gobierno de la Nación en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras a finales de 2020, esto supone que debería ser la administración central la que tendría que hacer frente a este problema o al menos facilitar y/o ayudar a las entidades locales para su retirada.
Esta especie está afectando especialmente a las playas de San Pedro Alcántara, Puerto Banús, Fontanilla y Cabopino. Estos restos vegetales, con presencia en todos los municipios costeros del litoral andaluz, pasaron en 2022 formar parte del listado de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. De esta forma encontramos que, una vez más, desde el Gobierno central no se está llevando a cabo ninguna actuación estratégica ni se están dando soluciones prácticas a los ayuntamientos, que se están viendo obligados a tener que hacer frente a unas labores que debería asumir el Ejecutivo nacional
