El Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Abogados de Málaga han firmado esta mañana un convenio de colaboración para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de delitos de odio. El acuerdo, de duración anual prorrogable, lo han rubricado el alcalde, José Bernal, y el decano del Colegio, Francisco Javier Lara, con la presencia de la concejala de Igualdad y Diversidad, Ana María Leschiera. Según consta en el convenio, el Colegio de Abogados de Málaga se compromete a prestar el servicio de asesoramiento jurídico gratuito exclusivamente de forma on-line a través de un correo electrónico y el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad, realizará labores de difusión de este servicio, tramitará las solicitudes de consulta y prestará el apoyo necesario para el desarrollo del mismo, velando por la tutela que corresponda a la Administración, principalmente a aquella ciudadanía especialmente vulnerable a ser objeto de delitos de odio en todos sus ámbitos.
Lara explicó que “se trata del primer convenio de este tipo que se firma para proteger a las víctimas de delitos de odio, motivados por la orientación sexual, razones étnicas, ideológicas o religiosas, principalmente, buscando protección, no sólo del individuo, sino de todo el colectivo”.
También detalló que “actualmente, según el Ministerio del Interior, el 90% de las víctimas no denuncian estos casos por miedo, vergüenza o cualquier otra circunstancia, y por eso pretendemos apoyarles dando información totalmente gratuita, ya que el año pasado se recogieron en total 1.285 denuncias por delitos de odio en toda España, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de casos, correspondiendo el 40% a delitos por orientación sexual, 37% por racismo y xenofobia, 15’5% por discapacidad, 5% por creencias religiosas y el resto por antisemitismo y odio al pobre, principalmente”.
Por último, Lara mostró también su agradecimiento “a los abogados de Marbella que se han ofrecido de manera solidaria a colaborar con esta iniciativa” y se congratuló de que “los delitos de odio ya estén tipificados y puedan suponer hasta 4 años de prisión”.
