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jueves, diciembre 5, 2024
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Podemos exige al bipartito que aclare los cambios del concurso de licitación del nuevo PGOU

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La edil de la formación morada, Victoria Mendiola, ha criticado el «electoralismo chapucero» y «las prisas porque todo se quede bien atado antes de que la señora Ángeles Muñoz termine la actual legislatura».

«No es normal lo que está pasando en esta ciudad y con este ayuntamiento. El PGOU es uno de los documentos más relevantes para cualquier municipio. Es el Plan que prevee el desarrollo y crecimiento económico y social de Marbella en las próximas décadas. Tiene que hacerse con cabeza, con calma, pensando en el bien de todos para no perjudicar a generaciones futuras. Lo que no puede ser es que este nuevo PGOU vuelva a mirar por los intereses de los de siempre, en lugar de por el de toda la ciudadanía. En una Marbella que nosotras gobernemos la planificación y el desarrollo urbanístico serán el centro una ciudad amable, sostenible y próspera económicamente para todos y todas, no para unos pocos.»

A la formación le sorprendió la publicación este 22 febrero 2019, en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, de una «rectificación» del anuncio original del 22 de enero para la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello ha solicitado el acceso y copia de los informes perceptivos que justifican la modificaciones introducidas en la licitación y la ampliación del gasto. La solicitud ha ido dirigida tanto a la responsable del área de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel, como al área de Contratación, Manuel Osorio.

Podemos considera que el procedimiento se está realizando de una forma sospechosa y bastante chapucera, algo extremadamente arriesgado teniendo en cuenta que podría resultar en otra anulación del PGOU, esta vez por defectos o vicio de forma desde el origen del procedimiento. En esta ciudad, afirman, ya hemos sufrido una mala experiencia con la anulación por el Tribunal Supremo del último PGOU aprobado en 2010.

En la modificación, además de la ampliación del plazo hasta el próximo viernes 1 de marzo, también se introducen modificaciones en las bases del concurso de contratación del equipo redactor tras haber cerrado el plazo de presentación de las ofertas, lo que genera serias dudas sobre el ajuste a la ley de contratos del sector público.

Desde Podemos consideran que, si el concurso ha quedado desierto al finalizar el plazo de presentación, lo legal y razonable sería analizar las razones por las que no se ha presentado nadie y valorar si las bases han sido demasiado restrictivas para que se pudiera presentar «alguien muy concreto», así como en volver a definir unas nuevas bases para realizar una nueva convocatoria. En la formación morada se preguntan también qué equipos van a conseguir presentarse con solo 4 días más de plazo si no lo consiguieron en todo un mes; qué bases tan extremadamente restrictivas se han elaborado para que ningún profesional de nuestro municipio, de la provincia Málaga, Andalucía, España o toda Europa, se haya animado a concursar, algo que califican de demasiada casualidad.

«La semana pasada la alcaldesa afirmó que el PGOU estará para finales de 2020 y, al mismo tiempo, se modificó la licitación un viernes a las 14.12 h, dando 7 días naturales más para concurrir nuevamente, con el día de Andalucía por medio. Todo esto es muy extraño y nos lleva a pensar que esta modificación está hecha ad-hoc para alguien que se había equivocado o no cumplía todos los requisitos y necesita más tiempo para adjuntar o modificar algo», ha denunciado Mendiola.

Si la reciente adjudicación del servicio del transporte urbano –como pronosticó Podemos, no fué ninguna sorpresa–, y demostró que «Marbella no avanza» con este tipo de prácticas, a estas alturas y en relación con el urbanismo, solo falta ya un anuncio electoral «made in» María Ángeles Muñoz de viviendas gratis.

Queda demostrado que al PP no le interesa hacer las cosas de forma correcta. Marbella no se merece una Alcaldesa centrada en su futuro electoral, cuando aún se encuentra pendiente de juicio por la presunta falsificación durante la tramitación del anterior PGOU 2010 por este mismo equipo de gobierno.

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