El adelanto de las elecciones autonómicas son ya una realidad después de que los rumores hayan estado recorriendo la vida política en todos los niveles territoriales. El pasado lunes la presidenta, ya en funciones, de la Junta de Andalucía, firmaba el decreto de convocatoria que fijaba el 22 de marzo como el día en el que los andaluces asistirán a las urnas para elegir un nuevo Parlamento regional. La líder socialista andaluza tratará de renovar su cargo como presidenta de la Junta siendo, esta vez sí, y en el caso de que lo consiga, elegida por todos los ciudadanos. Debemos recordar que Susana Díaz era investida como Presidenta andaluza el 5 de septiembre de 2013, tras ser designada por el anterior presidente regional, José Antonio Griñán, cuyo nombre está inmerso en la polémica por el caso de los ERES andaluces.
B. Sánchez
El secretario general socialista y candidato a la Alcaldía de Marbella, José Bernal, ha destacado en numerosas ocasiones “los avances” que Susana Díaz ha supuesto para Marbella, aunque la dirigente regional no ha visitado la ciudad durante su mandato a pesar de ser la localidad la quinta de Andalucía. Desde el equipo de Gobierno local se ha llamado continuamente la atención sobre la falta de inversión que ha sufrido la localidad por parte de la Junta de Andalucía, de hecho el último ejemplo de este caso sería la inexistencia de “partidas con nombres y apellidos” para Marbella en los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía, tal y como ha señalado en numerosas ocasiones la propia alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz.
PAGO DE LA DEUDA
De hecho, una de las cuestiones que más de qué hablar ha dado ha sido el de la mejora de las condiciones de pago del anticipo reintegrable concedido al municipio en tiempos del gobierno de la gestora. La deuda que Marbella adquirió con la Junta de Andalucía con este anticipo asciende a casi 100 millones de euros y para su pago el Ayuntamiento tiene que cumplir un calendario específico. Con este fin desde el consistorio de la localidad se ha solicitado en numerosas ocasiones una mayor “flexibilidad” a la hora de afrontar los abonos, una misma medida que el Gobierno andaluz pidió al Ejecutivo Central en la devolución de los 426 millones que la administración autonómica mantiene con la central, para la que piden un aplazamiento de 20 años y uno de carencia.
Ante esta solicitud de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, remitió una carta pidiendo el mismo criterio de flexibilidad para la ciudad en el abono de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con el Gobierno andaluz.
Este 2015 el consistorio tendrá que continuar haciendo frente al calendario de pagos y tendrá que destinar a ello 21 millones de euros. Además, en 2016 esta cantidad será de 25 millones y para 2017 de 28.
Aunque no es sólo la cuestión del abono de la de la deuda y su flexibilización, además el Gobierno andaluz tiene también varias deudas pendientes con el municipio.
En 2010 la Junta de Andalucía creaba el Fondo Patrica, un fondo mediante el cual los Ayuntamientos participarían en los tributos de la comunidad. La primera dotación de este fondo fue en 2011, con una cantidad para la totalidad de las entidades locales andaluzas que ascendía a los 420 millones de euros, debiendo actualizarse la cuantía en 60 millones cada ejercicio hasta 2014. Sin embargo, este fondo habría dejado de actualizarse al llegar a los 480 millones, esto es en 2012. En este sentido, José María Carmona, vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Málaga denunciaba que “la deuda que el Gobierno andaluz mantiene con todos los ayuntamientos andaluces asciende a 300 millones de euros, de los cuales 56 millones corresponden a las corporaciones malagueñas” Y de esta cantidad algo más de 4’5 millones serían los que adeudaría la Junta de Andalucía a Marbella por los Fondos Patrica.
El 11 de junio de 2010 pasaba a formar parte del ordenamiento jurídico andaluz la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se regulaba la colaboración financiera entre la Administración Autonómica y las entidades locales de su territorio mediante la participación de estas últimas en los tributos de la misma.
En virtud de esta ley nacía este Fondo de Participación (Patrica) cuyo objetivo es apoyar las haciendas locales andaluzas mediante una participación en los tributos autonómicos basada en los criterios de distribución y evolución dinámica. La idea de este Fondo, cuya primera dotación sería en el ejercicio de 2011 con una dotación de 420 millones de euros, era que fuese aumentando en 60 millones hasta 2014.
José Eduardo Díaz, parlamentario andaluz y miembro de la corporación local, ha destacado que este hecho muestra “la asfixia constante al Ayuntamiento” por parte de la Junta de Andalucía. “No sólo por este nuevo adeudo, sino por todo lo que se debe” al Consistorio en virtud de numerosos conceptos como el “IBI; los pagos a entidades sin ánimo de lucro, como Aspandem; las guarderías o el millón de euro que adeuda por un convenio de 2010 para la Carretera de Ojén.
INFRAESTRUCTURAS
Además, existen numerosas infraestructuras pendientes con el municipio. El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015 ha dejado de lado numerosos
equipamientos necesarios para la ciudad, como son la residencia de mayores en el Trapiche del Prado o el Palacio de Justicia.
En lo que se refiere a la residencia pública para mayores de la localidad, pensada para ser construida en la zona del Trapiche del Prado, no ha recibido ni un solo euro por parte de la Administración Pública, de acuerdo con las partidas presupuestarias de 2015, convirtiéndose cada vez en una realidad más lejana.
El término municipal de Marbella y San Pedro Alcántara tiene la necesidad de albergar una residencia de mayores, por ser catalogada como ciudad de gran población, según explicó el concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña cuando fueron presentados los presupuestos autonómicos para este año. Sin embargo, la Junta de Andalucía la ha relegado de sus presupuestos, a pesar de que se trata de una competencia exclusiva de la Administración. El Ayuntamiento ya trabajó para que esto fuera posible sacando a concurso la construcción del edificio, sin embargo, las empresas desistieron por razones económicas. Actualmente existen nuevas ofertas, pero cuya realización se hace imposible por la falta de presupuesto.
La Junta de Andalucía también rompió en el año 2014 el contrato firmado con el Consistorio en el que se comprometía al concierto del 80 por ciento de las plazas de la misma, pieza clave para la ejecución del proyecto de la residencia, apuntó Cardeña. “A pesar de que el acuerdo se encontraba firmado y con todos los protocolos al día, la Junta ha decidido romperlo”, señaló el edil.
Otra de las grandes infraestructuras pendientes con la ciudad es la construcción de un Palacio de Justicia que aúne en una misma sede las distintas dependencias judiciales de la ciudad.
Esta demanda se hace más necesaria si se tiene en cuenta las inundaciones sufridas en algunos juzgados por la lluvia a lo que hemos de añadir el hecho de que se trata de una reclamación tradicional por parte de numerosos colectivos relacionados con el mundo del Derecho.
