El urbanismo de Marbella ha protagonizado un año 2018 marcado por una “normalización”, que tendrá su continuación en este nuevo ejercicio con el inicio de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Así lo ha destacado la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, en el balance anual de su delegación. La edil ha subrayado que en los últimos doce meses se ha registrado un incremento de la actividad con cifras como los 58 estudios de detalle, las 30 modificaciones puntuales de elementos y los 16 planes parciales que actualmente están en tramitación.
“Esto evidencia que hay desarrollo en la ciudad y que este equipo de Gobierno llevaba razón con las medidas que se adoptaron para salir del impás que supuso la nulidad del PGOU del 2010, frente a la que el anterior Ejecutivo no supo reaccionar debidamente”, ha remarcado, al tiempo que ha apuntado con respecto a la redacción del nuevo planeamiento que “se han cumplido los plazos y que los pliegos para su licitación están en el departamento de Contratación desde el mes de diciembre”. “Esperamos para en este mes salga a concurso público para entre abril y mayo tener adjudicado el nuevo PGOU al equipo redactor y poder tener un avance a lo largo del año 2019”, ha apuntado.
La concejala ha reiterado que este Plan “tiene que hacerse en Marbella, para Marbella y desde Marbella” a diferencia del documento 2010, “que se hizo desde Sevilla y desde Jerez en unas circunstancias muy negativas para la ciudad: se había disuelto el Ayuntamiento de Marbella, la Junta encargó la redacción y nos presentaron el documento como una realidad que o la tomábamos o la ciudad seguía sin plan”. “En un ejercicio de responsabilidad del anterior equipo de Gobierno tomó ese Plan General porque era mejor que no tener planeamiento pero éste tiene que redactarse desde nuestra ciudad, con una coordinación total con el equipo redactor, y tiene que ser muy participativo”, ha añadido.
En este sentido, Caracuel ha adelantado que este mes comenzarán las reuniones con colectivos empresariales y vecinales, entre otros, y con colegios profesionales “para oír qué modelo de ciudad quieren para Marbella”. “La participación ciudadana va a ser un elemento esencial”, ha afirmado, al tiempo que ha indicado que así se recoge en el pliego de la licitación, en el que se determina además que el equipo redactor “tiene que asumir la coordinación con el equipo de Gobierno. No puede ser un ente autónomo que reciba un encargo y que termine entregando un documento al final del procedimiento”.
Respecto a la actividad de la delegación, ha señalado que el balance de 2018 es “positivo” y ha puesto el acento en el aumento de la actividad que ha conllevado la aprobación, en septiembre de 2017, del Texto Refundido del PGOU de 1986, y en este ejercicio, de la modificación de las normas urbanísticas y de la adaptación del Plan General a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Así, junto a las modificaciones puntuales de elementos que está impulsando el propio Ayuntamiento, en casos como el de la subestación eléctrica o la ordenación de terrenos al sur de San Pedro Alcántara, hay en tramitación una treintena de expedientes provenientes de la iniciativa privada.
De ellos, ha destacado los del hotel W, el Centro Forestal Sueco, el hotel Incosol, el Hospital Quirón o las naves industriales semiderruidas ubicadas junto a la Plaza de Toros. Asimismo, se ha referido a los 58 estudios de detalles en tramitación, 22 presentados a lo largo de 2018, y a los 16 planes parciales igualmente en curso, entre otros el del proyecto del hotel Four Seasons, del hotel W o del Arroyo Palomeras, junto al Oasis.
Por último, ha destacado la agilización de los trámites que ha supuesto la modificación de las ordenanzas de proyectos de urbanización y la de otorgamiento de licencias de obras para actuaciones menores y comunicadas, respectivamente. En este último caso, con un aumento de 6.000 a 10.000 euros en el presupuesto máximo para considerar que una actuación está exenta de realizar la solicitud y el pago de la tasa y de 60.000 a 100.000 euros en el presupuesto para aquellas licencias de obras que se pueden acometer en caso de que la Administración no conteste en un plazo de quince días.
