En aras de la transparencia, una afirmación especialmente usada por el tripartito y de acuerdo también al Código de Buen Gobierno auspiciado por los mismos, el PP exige al actual Ejecutivo local luz y taquígrafo en su gestión, y de ahí que el pasado 12 de enero presentaran un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento para el nombramiento de directores generales y lo hacían, después de que la propia Subdelegación del Gobierno pidiera, mediante escrito al Consistorio que lo dejara sin efecto, “al no ajustarse a Derecho”. Este contencioso de los populares ha sido admitido a trámite y además hoy mismo han formalizado un escrito en el Ayuntamiento en el que exigen que el tripartito les remita el expediente de éste procedimiento. “Es un atropello a los derechos fundamentales”, lamentaba hoy el concejal del PP, Baldomero Léon, quien explicaba que “la opacidad” está servida en este procedimiento, teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno ha intentado llevar a Junta de Gobierno Local su aprobación hasta en tres ocasiones por Decreto de Alcaldía, tres veces en las que el punto tuvo que ser retirado “por falta de un trámite previo y preceptivo”.
Irene Catalán
El edil ha hecho una cronología del proceso que se ha llevado a cabo con respecto a este procedimiento, un camino que arrancó el pasado agosto cuando el alcalde, José Bernal, apuntaba que los ocho responsables de áreas que, con anterioridad, habían sido nombrados, pasarían a ser directores generales en sus respectivas parcelas, lo que señala “una clara vulneración del principio de libre concurrencia”, subrayaba León, añadiendo a este respecto que el propio sindicado CSIF presentó alegaciones al procedimiento en las que argumentaba que el nombramiento de los directores generales debería efectuarse entre los funcionarios de carrera, según establece el artículo 130.3 de la Ley de Bases de Régimen Local.
De ahí, que el edil subrayara hoy que en la publicación del reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el tripartito “pretendía obviar” precisamente este aspecto que recoge la ley, modificando en la redacción del mismo, el “debe efectuarse” por “podrá efectuarse”, algo que los populares entienden que da cabida a los puestos “a sus aspirantes a directores generales, que en ningún caso tienen condición de funcionarios”.
Ante esta situación, los populares han solicitado al equipo de Gobierno el expediente, al entender como “un escándalo que la determinación estuviera ya tomada en perjuicio del resto de los aspirantes, pervirtiendo un proceso que debe ser limpio, transparente, de libre concurrencia y donde se valore la capacidad y el mérito”. Por ello, hoy hacían efectivo, mediante un escrito, la solicitud de copia y acceso a dicho expediente para poder conocer de primera mano el desarrollo de este procedimiento que, según dijo, se caracteriza por “estar lleno de opacidad, mala gestión y ninguna seriedad”.
No en vano, instan a aquellos ciudadanos que quieran concurrir a algunos de los puestos a que estén atentos, puesto que sospechan que, posiblemente, “sólo den tres días” para poder optar a los mismos.
