La Sección Primera de la Audiencia de Málaga juzga entre hoy y mañana al exalcalde Julián Muñoz y al que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca, para los que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicita 10 años de prisión para cada uno por presuntas irregularidades urbanísticas a través de la firma de varios convenios con una sociedad para construir un edificio. En esta causa se investigan las supuestas irregularidades en los acuerdos urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento con la sociedad Marina Mariola, el primero en abril de 1995, de cesión de excesos de aprovechamiento, el cual fue modificado posteriormente en junio de 1997, generando otro exceso distinto.
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Muñoz se encuentra en tercer grado penitenciario y a Roca se le acaba de conceder su primer permiso de tres días por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir esa resolución, que no se ejecutará hasta que no sea firme.
En sus conclusiones provisionales, fiscal sostiene que desde la llegada al poder del GIL, los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, «que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían», gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio».
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En el escrito inicial se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue «persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento»; mientras que Roca era el «verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral».
A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados «creían tener coartada»: el alcalde, «porque no firmaba nada»; el regidor accidental «que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad»; el gerente, «que no tenía cargo público»; y los ediles, «porque no entienden de urbanismo». «Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos».
En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, «el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios», les seguían «siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos», señala el ministerio público.
Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima «los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros».
«La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986», dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, «pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación».
Se señala que Roca «negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios» e «imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz». Además, apunta que «no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local», añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.
Por estos hechos, se acusa a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio; mientras que Muñoz responde de los mismos pero en concepto de autor. Al empresario se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por delito urbanístico.
Además de la pena de prisión e inhabilitación por 40 años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 4,7 millones de euros. El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga.
