El viernes conocíamos que el que fuese jefe de la Policía Local de Marbella durante el primer año del tripartito, José Andrés Montoya, había adoptado medidas legales contra el concejal de Seguridad, Javier Porcuna. Una denuncia que traía causa en las manifestaciones del edil sobre el proceder del responsable policial en el control de Starlite y en otras que habría realizado a los medios de comunicación según apuntó Montoya a Marbella Directo cuando informó de que se estaba planteando la adopción de medidas. Una cuestión judicial que se añade a la lista de sujetos que están emprendiendo medidas por el proceder de Porcuna. Desde Freestyle S.L.U., a mediados de septiembre, se anunció la interposición en los Juzgados de Marbella de una demanda contra Porcuna, por haber vulnerado su derecho al honor. Según lamentó la organizadora en un comunicado de prensa, Porcuna, apuntó que Freestyle S.L.U. era “el único responsable” de lo sucedido, ya que, según el concejal, “se les informó de que era necesaria dar una fianza y contar con un seguro y nos dijeron que no les interesaba de esa manera”.
Una versión que desmintieron totalmente los responsables del evento de motos señalando que “tan solo el día antes de la fecha en que estaba previsto el evento, el día 11 de agosto, fue cuando se personan en la plaza de toros dos inspectores del Ayuntamiento de Marbella y el concejal demandado, para notificarle a la empresa que carecía de autorización para la celebración del espectáculo”.
Fue ahí cuando el demandado, de manera verbal, -apuntó Freestyle S.L.U.- informa de que es porque no se ha hecho cargo de una fianza. Ese mismo día 11 de agosto, la promotora realiza una instancia a través del Registro General del Ayuntamiento de Marbella en la que solicita “depositar la fianza para el trámite final según comenta el Sr. Concejal de Industria…”, documento que no tuvo respuesta, aseguraron en su comunicado.
Otra de las cuestiones que están afectando de forma directa a Porcuna y a su delegación es el del caso del uso de caballos de la unidad ecuestre de la Policía Local en la boda de un miembro del PSOE, en el que Fiscalía ya ordenado a investigar los hechos después de que el PP interpusiese una denuncia contra el edil además de contra el alcalde, José Bernal, y el ex Jefe de la Policía Local.
El responsable de Seguridad, que es el hombre fuerte del Gobierno de Bernal con cinco delegaciones bajo su responsabilidad, ha sido también noticia por la solicitud de información que la Guardia Civil ha realizado sobre Starlite.
Aunque lo que más ha mantenido en el candelero a la figura del socialista ha sido la polémica, más relacionada con cuestiones políticas que con los propios mandos del cuerpo, que ha sacudido a la Policía Local, que ha llevado incluso a que el CSIF haya solicitado el cese del concejal ante “el daño que está haciendo al Cuerpo de la Policía Local”, tal y como recogieron en una nota de prensa desde el sindicato, que apuntaron a una actuación “intolerable” por parte de Porcuna, junto con otro edil del Consistorio, Manuel Osorio, y Santiago Montero, subinspector Jefe de los Servicios Operativos de Emergencia, en lo que se ha dado a conocer en la opinión pública como el caso del parking de los cinco euros.
Desde el sindicatos lamentaron la actitud del edil de ir “a escondidas con coche camuflado de la policía grabando imágenes de los policías allí trabajando y que posteriormente el delegado de Seguridad y Santiago Montero, hayan mentido delante de la Comisión Técnica de la Policía diciendo que solamente han grabado al subinspector expedientado, porque se metió en el ángulo de grabación de la cámara, ya que al parecer, hay más imágenes de policías realizando sus funciones”, lamentan los representantes laborales.
EXPLICACIONES DE PODEMOS
A estos hechos se suman que desde Podemos se ha solicitado ya en dos ocasiones explicaciones al responsable político por su gestión. En primer lugar, desde la formación cuestionaron “la creación de una -a su juicio- jefatura paralela que ha entrado en conflicto con sus funciones. Se trataría de un nombramiento ‘a dedo’, en comisión de servicios, de un policía cercano al PSOE y que no tiene la titulación exigida para ser Jefe de Policía Local de modo formal. Un cargo –Jefe de Servicios Operativos– cuyas funciones nunca han estado oficialmente claras y cuya necesidad no fue argumentada por ningún técnico de la Policía Local, empezando por el propio Jefe (quien abandonó el cargo el 23 de septiembre) de la misma, tratándose sin más de una decisión exclusivamente política”, lamentaron.
Desde Podemos, en línea con la actividad fiscalizadora de la oposición que realizan desde Marbella Sí Puede, volvían a exigir responsabilidades a Porcuna en relación con otra de las áreas que gestiona, la de Industria, por presuntas irregularidades permitidas por el Ayuntamiento en Teatros Goyas, según apuntaron desde la formación a través de un comunicado.
Se trata de una concesión administrativa sobre una propiedad del Ayuntamiento de Marbella, «aspecto este último que muchos vecinos desconocen», constituida a favor de la empresa Manuel Salvador SA a cambio de la construcción y explotación de un complejo de multicines que incluía la celebración del Festival Internacional de cine de Marbella.
La formación ha realizado un análisis de la formación y se ha hecho eco de publicaciones sobre «la conexión de la empresa adjudicataria con personas vinculadas al caso Malaya, a las que el gobierno de Gil no dudó entregar en los años noventa mediante concesión administrativa una parcela de más de cuatro mil metros cuadrados en tan deseado lugar de Puerto Banús y que es de todos las vecinas y vecinos del municipio».
Para Podemos, lo más alarmante es que los nuevos gestores acometieron una serie de cambios que afectan a las salidas de emergencia, las escaleras anti incendio, el cierre de la plaza cubierta y al paso de servidumbre, la distribución y ampliación de salas y espacios, dándole un uso distinto a la proyección de películas e incluso la apertura de una terraza para snak-bar en el tejado. No se tiene constancia de que en su día dichas actuaciones contasen con un informe favorable de los servicios municipales involucrados, apuntan en un comunicado.
Por ello, la formación cree que es obligación del Ayuntamiento dar explicaciones sobre la legalidad de todas esas modificaciones que afectan a la seguridad así ordenar inmediatamente una inspección sobre el terreno y evitar que la seguridad de la ciudadanía pueda estar en entredicho ni un sólo segundo.
