La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto celebrar el miércoles el juicio contra el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, el letrado sevillano José María del Nido y otras 10 personas por el denominado caso ‘Fergocon’, sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de la ciudad en 2001 y 2002. Las previsiones son que la vista oral se prolongue hasta el 30 de octubre. Así, están fijadas por el momento 25 sesiones. El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que se encargó del caso hasta que fue remitido a la Audiencia, acordó en julio de 2013 la apertura de juicio oral por los delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. En esta causa, iniciada a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon -vinculada a dos hermanos de Del Nido-, sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas «sin expediente y sin procedimiento» adecuado. Se juzgará a Del Nido, que se encuentra en prisión por el caso ‘Minutas’, y al exalcalde marbellí, también en la cárcel, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para cada uno, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, piden 11 años de prisión.
Además, se juzgará también a dos hermanos de Del Nido, así como a varios técnicos entonces del Consistorio, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio público.
El fiscal pide que los acusados y la empresa indemnicen al Ayuntamiento con 1,6 millones de euros, respondiendo Muñoz y los hermanos Del Nido con un 80 por ciento, y el resto con el 20 por ciento.
Ante el inicio de este juicio, el abogado y expresidente del Sevilla Fútbol Club, interno en la prisión de Huelva, fue trasladado el pasado jueves desde este centro penitenciario al de Alhaurín de la Torre. Por su parte, este pasado viernes la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga dictó un auto revocando el beneficio del tercer grado a Julián Muñoz, por lo que tendrá que seguir en la prisión de Alhaurín de la Torre.
En su argumentación para anular el tercer grado que le había sido concedido el pasado 3 de agosto por el juez de Vigilancia Penitenciaria, la Audiencia señala que su estado de salud «no es en absoluto terminal» y que podría volver a delinquir blanqueando «las ingentes cantidades de dinero» que obtuvo en su etapa política y que no se han recuperado.
FERGOCON
Respecto al caso que llevará de nuevo a ambos al banquillo, en las conclusiones provisionales del fiscal se explica que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó «para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia de Del Nido y de Julián Muñoz» y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas relacionadas con uno de los hermanos del abogado.
El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, «la aparente ejecución» de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas «con perjuicio para los intereses municipales”.
«Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública», dice el fiscal, ya que se hizo «sin presupuesto» previo «sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable». Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.
La acusación pública sostiene en su escrito, de 120 páginas, que en una segunda fase, Fergocon procedió «a la aparente ejecución de los trabajos» que le fueron adjudicados directamente por Muñoz, para lo que la empresa, según se precisa, emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe global de cinco millones de euros. Se añade que las obras no contaban con proyectos ni criterios de referencia a precios oficiales.
Con esto, «se garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos», señala el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones iniciales, en el que se pone de manifiesto que en este momento «era necesario la connivencia de los técnicos municipales»; de hecho, están acusados dos de ellos y el que era coordinador de obras y luego concejal Vicente Manciles.
«Fue en la ejecución de estas obras y servicios donde se produjo un desvío de capitales públicos», asevera la acusación pública, explicando que en algunos casos fue porque se facturó con sobrecoste, en otros porque no se puede determinar si las cantidades presentadas son reales y se ajustan a precios de mercado; pero en otras ocasiones porque las facturas son «íntegramente mendaces», ya que los trabajos «nunca se realizaron”.
En otros casos, como es el servicio de limpieza de la vía pública, según la tesis del fiscal, Fergocon facturó más metros cuadrados de los que la otra empresa vinculada a los hermanos Del Nido y cuyos responsables también están acusados le había facturado. Asimismo, también se ha detectado excesos de horas de utilización de maquinaria respecto de las realizadas.
La tercera fase es el abono por parte del Consistorio, de forma que Muñoz y los hermanos Del Nido «concertaron» una doble vertiente, por un lado, pagos con transferencia de bienes inmuebles mediante convenios de dación en pago entre una de las sociedades municipales y Fergocon, en algunos casos «incluso antes de que se iniciaran los trabajos»; y, por otro lado, el abono de cantidades de dinero mediante transferencias bancarias.
El fiscal sostiene que en las transferencias de dinero «intervinieron» tanto el que era concejal de Hacienda como el entonces interventor -para el que se pide seis años de prisión-, quien «no ejerció su función interventora» y que pasó «de ser sancionado a percibir retribuciones» y complementos, que se investigan en otra causa. Los reparos que ambos pudieron hacer, dice la acusación, «hubieran paralizado la sangría de fondos públicos».
