La concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, continúa la ronda de reuniones con ayuntamientos para conocer qué acciones están llevando a cabo en materia de viviendas sociales e intermediación hipotecaria. Tras el primer encuentro con el Ayuntamiento de Málaga, ayer tuvo lugar una reunión con la Oficina de Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba. La edil ha explicado que “ante la grave situación de crisis habitacional que vivimos en todos los ayuntamientos, estamos abordamos el fenómeno desde el compromiso con unos servicios públicos al servicio de la gente”, al tiempo que ha señalado que el encuentro con el Consistorio cordobés se pusieron sobre la mesa las fórmulas de trabajo para dar respuesta a este problema. Ha indicado que “en ambos casos hay carencias similares para poder dar mayor respuesta con una alternativa habitacional a los ciudadanos” y ha apuntado que, en caso del Ayuntamiento de Córdoba, “se está supliendo con cesiones de viviendas de entidades bancarias, tal y como queremos realizarlo desde Marbella y se lo hemos planteado a las entidades con las que nos hemos reunido”.
Asimismo, se ha referido a la necesidad de dotar de más personal al servicio. “Ambos ayuntamientos estamos buscando soluciones al problema de la dotación de personal”, ha abundado. “En el caso de Córdoba actualmente dos técnicos se hacen cargo de este amplio servicio, mientras que desde la delegación de Derechos Sociales de Marbella estamos esperando el pronunciamiento jurídico para la creación de tres puestos que se sumarán a los dos técnicos vinculados en la actualidad al servicio”, ha añadido.
La concejala ha recordado que “la puerta de acceso a este servicio son los trabajadores sociales quienes son, a su vez, los encargados de articular las ayudas económicas necesarias o resto de recursos disponibles para cada intervención”.
Por otra parte, durante el encuentro la concejala y los responsables de la Oficina de Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba abordaron la importancia de los acuerdos con distintas administraciones e instituciones, entre ellos, el Juzgado Decano o Colegio de Abogados. Por último, se trató la limitación en las competencias de los ayuntamientos para dar respuesta “a esta problemática tan compleja que requiere de medidas legislativas y administrativas y de políticas de vivienda estatales de más amplio calado y que corresponden a otras instituciones o administraciones como el Estado y las comunidades autónomas”.
