El fondo del caso PGOU trataba de determinar si se produjo una falsedad en el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó la modificación de 22 planos del PGOU de Marbella, en este sentido el auto del juez determina que “no cabe duda que se dejo constancia” durante la sesión de la recepción de los escritos presentados por vía de registro, el mismo día o el día anterior de su celebración tras el visionado de la grabación del Pleno. Pero más allá en el citado auto también se reconoce que la alteración de esos planos fue introducida por el Equipo Redactor del PGOU siguiendo instrucciones de la Junta de Andalucía.
El auto hace referencia a una de las pruebas practicadas, el documento de una reunión en el que se acordaron las modificaciones señalando que “dicho/s documento/s fue/ron redactado/s por el mismo Equipo Redactor que fue quién introdujo las modificaciones que se hacen constar en el mismo, modificaciones que a su vez se introdujeron de conformidad a lo dispuesto por el Dictamen del Consejo Consultivo de fecha 15 de julio de 2009. Dicho Dictamen, que no tenía carácter vinculante, pero sí determinante (en palabras del Sr.Becerra -Jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía-) fue seguido por el Equipo Redactor, dadas las instrucciones de la Junta de Andalucía que les manifestó que debían ajustarse a su contenido y establecer en definitiva, las mismas lindes fijadas en el PGOU de 1986”.
Incluso el auto va más allá y llega a señalar que Fustegueras –director del equipo redactor- manifestó al declarar como testigo que los responsables de la elaboración tenían otro criterio, entendiendo que “debían de mantenerse los límites de la cartografía del ICA y suspender las determinaciones del Plan, remitiéndolo a un Plan de Ordenación intermunicipal en dichos ámbitos”, sin embargo, esos cambios se introdujeron siguiendo las órdenes de la administración autonómica.
Una tesis que aleja cualquier sombra de duda sobre el proceder de Ángeles Muñoz, que recibió la noticia cuando se encontraba firmando la moción de censura ante el Secretario del Ayuntamiento aunque el auto del juez se firmó días antes.
