“Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados”, eso es lo que establece el artículo 27.3 de la Ley Andaluza de Protección de Animales y que el Ayuntamiento se ha limitado a transcribir el pliego del contrato para el servicio de tratamiento de animales abandonados, tal y como ha explicado esta mañana el delegado municipal de Sanidad, Carlos Alcalá, quien lamentó que se “ha creado una polémica artificial por parte de los grupos de la oposición, que nunca criticaron este servicio cuando dirigían el Ayuntamiento”.
Y es que esta licitación sigue el mismo modelo que se ha estado prestando desde hace 12 años, “incluidos los dos ejercicios en los que gobernaron PSOE e Izquierda Unida”. En esta línea ha explicado que en lo que respecta a animales domésticos será la Triple A la que siga atendiendo los casos, “al igual que hasta ahora”.
De esta forma el responsable municipal ha salido al paso de las acusaciones vertidas en los últimos días negando, en primer lugar, que se fuese a realizar una nueva privatización ya que anteriormente ya existía un contrato sobre este servicio, eso sí, antes era menor y ahora ha pasado a ser mayor, lo que además exige un mayor número de garantías en su adjudicación. Un cambio que además se ha realizado “por imperativo legal”.
Por otra parte, el edil ha querido desmentir que “quieran deshacerse de la Triple A”, ya que esta entidad va a seguir prestando el servicio que hasta ahora realizaba, “se mantiene el mismo protocolo”, especificó Alcala. “Desde el Ayuntamiento queremos dejar claro que para el caso de las mascotas domésticas, y en concreto perros, gatos, hurones y cerdos vietnamitas, existe un acuerdo aparte con la Triple A para el tratamiento de estos animales”. Un convenio de colaboración que, según ha explicado, se firmó el pasado mes noviembre de 2017 por parte de la entidad y el Consistorio, que trabaja ya en el borrador del acuerdo para el presente ejercicio.
De esta forma el edil ha remarcado que el pliego actual “es una continuidad de los contratos que se han firmado en los últimos años y que se basan estrictamente en la normativa de la Junta de Andalucía”. “No se entiende el revuelo que ha generado ahora si es lo mismo que se ha firmado en los últimos ejercicios”. Por ello, el edil ha apuntado que “la cuestión de fondo del ataque político por parte de los grupos de la oposición se basa en la normativa autonómica”, por lo que ha insistido “en la necesidad de abrir un debate para modificar dicha legislación”.
