La empresa Nas Marbella S.A., sociedad participada mayoritariamente por el jeque catarí Abdullah Ben Nasser Al-Thani, ha recurrido ante los tribunales la decisión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) de resolver el contrato de ampliación del puerto de La Bajadilla. La concesionaria ha presentado un recurso en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el que solicita además que se suspenda cautelarmente la resolución adoptada por el organismo dependiente de la Administración Autonómica. La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la APPA, resolvió a finales de noviembre del pasado año el contrato de ampliación del puerto de La Bajadilla, suscrito en 2011 con la empresa concesionaria NAS Marbella SA, «por incumplimiento grave de obligaciones» y ante «la falta de pago del canon concesional».
La decisión fue refrendada por el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que emitió un dictamen favorable con el que se culminó el procedimiento iniciado tres meses antes para rescatar la concesión, sobre la cual ya se abrió un expediente de resolución en 2013 que al final fue archivado.
Según el Gobierno autonómico, la empresa concesionaria llevaba más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo sobre la ampliación del recinto portuario y no ha abonado el canon correspondiente de parte de 2015 y del 2016 completo.
«Desde los inicios de la concesión se han venido produciendo situaciones irregulares, debido principalmente a las reticencias del concesionario a acometer la inversión», destaca en su resolución la APPA, que subraya que «no se ha tenido conocimiento siquiera, a pesar las numerosas y reiteradas solicitudes, del equipo redactor ni de la progresión de los trabajos».
«La demora en la presentación del proyecto por parte del concesionario deriva en una actitud dilatoria, pretendiendo perpetuar una situación meramente coyuntural y transitoria como es la gestión de la dársena en funcionamiento entregada como parte del título otorgado», mantiene la Junta.
El otro motivo de resolución se corresponde con «el impago de la retribución concesional, obligación esencial del contrato», según asegura la Consejería de Fomento y Vivienda, que resalta que «está acreditado un impago por plazo superior a un año que asciende a 1,4 millones de euros».
