Mientras desde el Partido Socialista se afanan en pedir a todos los grupos políticos lealtad para hacer frente a la crisis del COVID-19, la agrupación marbellí de la formación aprovecha para arremeter contra los gobiernos de aquellas administraciones donde no gobierna.
Así, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, criticó el pasado viernes el plan puesto en marcha por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para la reactivación económica de la ciudad que va a suponer una inversión de 130 millones de euros y que es el “más ambicioso” de la historia de la ciudad, según precisó la regidora.
No obstante, para Bernal, quien no ha realizado ninguna reclamación al Gobierno Central pese a las numerosas críticas que se han vertido sobre la gestión del presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez y su gabinete, calificó como “insuficientes” las medidas económicas que ha planteó la alcaldesa, a la que ha pedido que “no deje tirados a los vecinos” en la difícil situación que se está viviendo por la crisis del coronavirus, a pesar de que la ciudad ha sido la primera en poner en marcha diversas medidas en el ámbito social como la atención a domicilio a los mayores, la garantía de alimentos para los menores en riesgo de exclusión o los pabellones habilitados para los ‘sin techo’.
En esta misma línea, este domingo, el socialista volvió a apuntar a otra administración no gestionada por el PSOE, la Diputación de Málaga, donde gobiernan en coalición PP y Ciudadanos, esta vez para sumarse a una petición orquestada por diferentes alcaldes del partido que lidera Pedro Sánchez, en la que plantean al ente supramunicipal que centre todos los recursos en materia turística para mantener en empleo.
Todo ello a pesar de que el pasado viernes la Diputación de Málaga avanzó que se está analizando qué partidas del presupuesto actual no se van a poder utilizar este año por las circunstancias excepcionales provocadas por el coronavirus o pueden dejar de ser prioritarias con el objetivo de destinarla a un plan extraordinario que se nutrirá tanto de la cuantía de esas partidas presupuestarias que puedan darse de baja, aún por determinar, como del importe del remanente de tesorería del presupuesto de 2019, cifrado en unos 30 millones de euros. Una vez que se concrete la cantidad final, se establecerán los programas y los planes prioritarios, así como su dotación económica.
