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miércoles, mayo 29, 2024
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El Supremo da la razón a la alcaldesa: el primer cheque de 12 millones de euros recuperados de Roca son para Marbella y no para Hacienda, como quería el Gobierno

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Marbella recupera los 12 primeros millones de euros de causa por corrupción

El Ayuntamiento de Marbella recupera el primer cheque de 12 millones de euros procedentes de la venta de bienes embargados en el “Caso Malaya”. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, siempre ha defendido que ese dinero tenía que ser destinado a «la mejora de la infraestructura de la ciudad», en contra del Gobierno central que  pretendía arrebatar a Marbella y a sus ciudadanos los primeros doce millones de euros recuperados en procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme para el municipio.

Este dinero fue entregado a la administración local con cargo a la indemnización en favor de la ciudad que fijan las sentencias de los casos ‘Saqueo I’, por 24 millones de euros, y ‘Saqueo II’, por 37 millones.

La AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) entendían que dicha cantidad debía destinarse a minorar la deuda que el Ayuntamiento de Marbella tenía con ambas y cuyo pago se venía realizando de forma fraccionada en los términos y condiciones regulados de forma directa por ley.

Tras seis años de conflicto, El Tribunal Supremo (TS) da la razón al Ayuntamiento de Marbella. La estabilidad económica del municipio se consolida ante las decisiones de los tribunales. El cheque de los 12 millones de euros procedentes de la venta de bienes embargados en el caso Malaya no acarrea ningún delito para el municipio.

RocaJunyent – Gaona, Palacios y Rozados Abogados, ha sido el gabinete encargado de llevar a cabo el caso al Consistorio y no ha dudado en manifestar que «Esta sentencia representa un hito histórico en la defensa de los intereses de la Corporación». Y aunque quede pendiente la sentencia de casación contra la TGSS, desde el bufete de abogados del Ayuntamiento, se espera con “el mismo criterio jurídico”.

La AEAT y la TGSS argumentaron un supuesto incumplimiento por parte del Ayuntamiento al destinar los fondos recibidos a la prestación de servicios municipales en lugar de minorar la deuda. Desde la defensa del consistorio se señala que Hacienda y la Seguridad Social «carecían de habilitación normativa para declarar resuelto el fraccionamiento de la deuda dispuesto y regulado directamente por ley»

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