Desde que las sentencias emitidas por Tribunal Supremo anularan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 la situación en este ámbito es candente. El Ayuntamiento optó por la fórmula de adaptación del Plan vigente, el del 86, a la Ley de Ordenación Andaluza (LOUA) para transmitir confianza a ciudadanos e inversores en este sentido. Sin embargo, hay un elevado número de personas que, de momento, no se ven amparadas con esta decisión. Hablamos de los terceros de buena fe, los compradores de aquellas más de 16.500 viviendas que se encuentran en situación irregular, y para las que el documento anulado establecía un sistema de normalización mediante compensaciones que el Supremo considera fuera de la norma por exceder de las competencias de los redactores del Plan. Los populares han reclamado en más de una ocasión la protección para estos terceros de buena fe, llevando sendas propuestas a más de un Pleno. De ahí, que en la sesión plenaria del pasado viernes hicieran lo propio, para que no quede en el olvido su situación. La presidenta popular de Marbella y San Pedro, Ángeles Muñoz, recordó al equipo de Gobierno, y en concreto a la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, que la LOUA contempla medidas que garantizan la protección para este colectivo, incluyendo en la moción de urgencia del PSOE, relativa a dicha adaptación del Plan General a la Ley andaluza, dos mociones.
La primera, relativa a la inclusión de medidas para dar seguridad a este colectivo, y la segunda destinada a que se contemple en el documento las reivindicaciones de los hosteleros “necesitamos un plan de futuro”, subrayaba Muñoz. Sin embargo, el equipo de Gobierno, con los votos a favor de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) rechazaban ambas mociones, dejando en el aire cuáles serán las medidas que se tomen para estos terceros de buena fe. Hay que recordar que en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento se pronunciaba unánimamente mostrando su apoyo a estos compradores, una medida que volvía a nacer por parte del Partido Popular llevando una moción en la defendían, de la misma manera que hiciera desde 2007, la adopción de un compromiso expreso en defensa de los terceros de buena fe.
