Solidaridad e igualdad social, dos principios básicos de la democracia real que el estado tiene la obligación de amparar, si no de impulsar, apelando a su función redistributiva. “¿Cuál es el objeto de esta moción? Reforzar el actual sistema de protección social y aportar soluciones”, ha subrayado Victoria Morales, Secretaria de Acción Política IULV-CA Marbella-San Pedro. “La protección de las personas resulta escasa e incluso nula en ocasiones si hablamos de cobertura social pública. Resulta imprescindible dar un paso adelante cuando sabemos que en España hay 12,8 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, entre ellos los menores de 16 años, donde este número asciende a 2.1 millones de niños y niñas en riesgo o en pobreza infantil, situación a la que Marbella y San Pedro no son ajenas”, ha apuntado Morales.
“Impuestos y gasto público, dos mecanismos en mano del estado para mejorar la situación de una ciudadanía empobrecida por la crisis y para apuntalar la estructura del estado del bienestar, no para dinamitarla como el Partido Popular ha estado haciendo los últimos años. Está en nuestra mano, es política ciudadana, hay que actuar”, ha señalado Morales.
“¿Qué podemos hacer? Llevar a pleno ordinario en el ayuntamiento de Marbella esta moción, en la que se pide el apoyo para una Iniciativa Legislativa Popular que establezca una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social”, ha apuntado la Secretaria de Acción Política IULV-CA Marbella-San Pedro.
“¿Para qué? Para garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo, por lo que carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad, y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta”, ha enfatizado Morales.
Una moción que consta de los siguientes 5 puntos:
1- Solicitamos incrementar el gasto social para que a todos los ciudadanos y ciudadanas el sistema de protección social les garantice unos recursos mínimos.
2- Configurar y ampliar el sistema de protección social adecuando así jurídicamente y socialmente a la nueva realidad social que nos encontramos. Y para configurar dicha prestación se exige una dotación presupuestaria, de recursos humanos y técnicos suficientes para dar una respuesta adecuada a las nuevas necesidades que se pretende atender.
3- Pedimos al legislador intervenir con nuevas prestaciones, cuyo objetivo final siempre debe ir dirigido al refuerzo de las prestaciones actuales, y nunca al detrimento o a la sustitución de otras preexistentes
4- Que la prestación de Ingresos mínimos sea configurada como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social. La financiación debe garantizarse vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y debe responder a criterios de eficiencia, y suficiencia, y además contribuir a lograr una mayor cohesión social y territorial.
5- Dicha prestación debe estar basada en los principios de universalidad, exigibilidad, subsidiaridad, incompatibilidad, derecho personal.
