La necesidad de normalizar el Urbanismo en Marbella, que quedó en una situación compleja tras la anulación del PGOU en noviembre de 2015, es uno de los frentes que tiene abierto el actual equipo de Gobierno compuesto por PP y OSP. Una anulación que supuso que numerosas viviendas que habían sido construidas después de 1986, año del que data el Plan General de Ordenación Urbana que quedó vigente en la ciudad, no pudiesen tramitar licencias de modificación y ampliación al aparecer como construidas en suelo urbano no consolidado. Son más de 2.500 las construcciones afectadas, distribuidas en catorce polígonos del municipio, según explicó la concejala del ramo, Francisca Caracuel, en la rueda de prensa ofrecida tras la Junta de Gobierno Local en la que se ha aprobado esta medida. La concejala apuntó además que a estas viviendas se sumarían 142 solares en los que directamente no se podía construir. “El plan de 2010 las recogía como urbanizadas pero el de 1986 no por ser una realidad posterior”, explicó Caracuel quien apuntó que “en la realidad están urbanizadas pero sin ser suelo urbano consolidado”, reconocimiento urbanístico que se ha concedido hoy gracias a un acuerdo adoptado en base a “un informe técnico donde se pone de manifiesto la consolidación de ese suelo que tiene todos los suministros y está urbanizado y la adaptación del art. 45 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que permite hacer este proceso en este suelo urbanizado”.
Dicho artículo reconoce que integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, aquellas viviendas que se adscriban a esta clase de suelo por formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión, requisitos que cumplen estas viviendas según señaló la responsable del área.
“Cumpliéndose esos criterios y parámetros se considera suelo urbano consolidado”, apuntó Caracuel quien además señaló que es una opción que ya utilizó el anterior equipo de Gobierno en 2016 con respecto a una urbanización, “no sabemos por qué se paró el continuar con esta serie de adaptaciones”, añadió la responsable municipal que adelantó la idea del nuevo Ejecutivo local de continuar con esta tramitación en aquellas construcciones “donde la interpretación de la LOUA nos permita hacer esta adaptación”.
FACTURAS Y SENTENCIAS PENDIENTES
La edil de Urbanismo acompañó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al portavoz municipal, Félix Romero, quien se encargó de dar cuenta de otros aspectos tratados en la reunión semanas de este órgano de Gobierno. Romero informó que se continúa con los trámites para concluir el proceso de “ordenación y organización” del Consistorio tras la llegada del nuevo equipo de Gobierno, “la principal preocupación es empezar poniendo orden en todo lo que es la tramitación administrativa”.
El portavoz del equipo de Gobierno señaló que en Junta de Gobierno Local se han aprobado un “importante volumen de facturas tramitadas correctamente desde Hacienda pero que requerían de un respaldo de las delegaciones que se está produciendo ahora”.
Además el órgano de Gobierno ha aprobado nueve certificaciones de obras de las que Romero destacó las correspondientes a la mejora de los Arcos de San Enrique, la reposición del saneamiento en calle Calvario, remodelación de la plaza de la Iglesia de la Divina Pastora, sustitución del césped natural del Municipal de San Pedro y la remodelación de mediana de la avenida Julio Iglesias, en este último se trata de dos certificaciones.
En Junta de Gobierno se ha tratado además los procedimientos judiciales de personal, que según apuntó el edil, “en un 80-90% son en contra del Ayuntamiento”, algo que “dice bastante de la gestión que se ha realizado”. Una situación de la que Romero señaló que se habría invertido la situación con respecto a la anterior etapa del PP en la que los casos solía ganarlos el Consistorio, achacando directamente la situación a la gestión que se habría realizado desde Personal.
Otra de las cuestiones de funcionamiento ordinario del Ayuntamiento habría sido el trámite de todas las ayudas que tienen que ver con la atención inmediata y con las tasas del servicio de mercado.
