Como cada miércoles antes del pleno, ayer tuvo lugar la Asamblea prepleno en la que los dos concejales de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Victoria Mendiola y Kata Núñez, sometieron a la decisión de simpatizantes y militantes su voto en los diferentes puntos de la sesión plenaria de mañana. Así, ayer decidían la postura de la formación morada en el texto refundido del Plan General de 1986 –que recopila en un solo documento todas las modificaciones, alegaciones y alteraciones realizadas a lo largo del tiempo al PGOU de 1986– y en la adaptación del mismo a la Ley de Urbanismo de Andalucía (LOUA) – publicada posterior a 1986–, procedimiento elegido para regularizar el urbanismo en Marbella con el apoyo de esta formación. Núñez y Mendiola expusieron ayer que, siendo el procedimiento deseado, «los dos documentos incorporan deficiencias y pocas garantías que, a día de hoy, los hacen inaceptables», apuntaron, al tiempo que reseñaron que «el urbanismo de Marbella y San Pedro arrastra irregularidades y vicios desde antes del gilismo, el ya famoso urbanismo de carpetillas».
Asimismo, añadieron en un comunicado que el actual texto refundido supone «ratificar como buenas alegaciones aprobadas en pleno que en su día no se habían hecho públicas ni habían tenido un plazo de alegaciones».
Su asamblea decidió ayer presentar varias enmiendas para apoyar la moción. Entre ellas establecer el texto refundido a un trámite de exposición pública, con el correspondiente periodo de alegaciones, para que sea máximamente consensuado con todos los operadores jurídicos en la ciudad.
Solicitar asimismo un informe preceptivo de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía certificando que el refundido realizado es válido, así como una rectificación en los planos de la adaptación a la LOUA para incluir la sentencia judicial del tribunal supremo que estableció de modo firme y definitivo la linde entre Marbella y Benahavís.
«De ninguna manera pretendemos bloquear el urbanismo en el municipio, pero consideramos que no se pueden volver a cometer errores en los procedimientos». Así apuntan que debe tomarse como ejemplo el POT –Plan de Ordenación Territorial– de la Costa del Sol, que anuló el Tribunal Supremo por no dar respuesta a una alegación, situando el derecho a la información por encima de todo.
«Tenemos la responsabilidad de ser muy garantistas, no podemos hacer las cosas mal por hacerlas rápido y que en unos años una sentencia vuelva a anularlo todo y nos obligue a empezar de cero. Nosotros en campaña denunciamos el tema de las lindes: no podemos decir una cosa en campaña electoral y ahora hacer otra. El dios urbanismo no lo justifica todo».
Los concejales han sido asesorados jurídica y urbanísticamente por técnicos, funcionarios y secretarios de varios ayuntamientos, quienes les han transmitido que la ley «permite empezar a trabajar con la aprobación inicial, por lo que la solicitud de exposición pública no supone un retraso en la aprobación del urbanismo de Marbella».
Así, apuntan que «con estas dos enmiendas, que consideramos de sentido común, se dotará a los documentos de más transparencia, seguridad y garantías, acabando, de una vez por todas, con el urbanismo de carpetillas, oscuro, inaccesible y judicializado, todo ello en beneficio del municipio».
