Las lindes del municipio de Marbella y Benahavís vuelven a ser uno de los temas candentes de la política municipal con la votación en el pleno del próximo viernes del texto refundido del PGOU de 1986. PODEMOS llegó a un acuerdo con el tripartito de Marbella (PSOE+OSP+IU) para incluir en el texto refundido del PGOU las lindes correctas sentenciadas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, un informe redactado por Isabel Guardabrazo, jefa jurídica de urbanismo, en su día, personal de confianza del PP, lo desestimó basándose en cuestiones de forma.
Previo a la moción de censura, PODEMOS y la ex-concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, trabajaban para encontrar el encaje legal que evitase que el PGOU volviese a presentar unas lindes incorrectas que, además, favorecen los presuntos intereses personales de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, PODEMOS y PSOE incluso ya habían anunciado en rueda de prensa un principio de acuerdo.
Tras la moción de censura, el PP ha vuelto a incluir en el PGOU las lindes que el Tribunal Supremo ya sentenció incorrectas. Las ha incluido con la complicidad de OSP, socio de gobierno al que ya no le preocupa regalar parte de San Pedro a Benahavís, defendiendo ahora los intereses de los grandes inversores, apostando por el urbanismo rápido aunque sin garantías.
Las lindes incorrectas del PP están basadas en una alegación al PGOU de 1986 que nunca fue incluida ni grafiada en ningún Plan de Ordenación del municipio, ni tampoco llegaron a ser diligenciadas por el propio equipo redactor de la Junta de Andalucía.
PODEMOS cree que la alcaldesa debería inhibirse y no participar en la votación dado el presunto conflicto de intereses:
El cambio de las lindes afecta a terrenos donde está ubicada su vivienda, a propiedades pertenecientes a la empresa de su marido y a personas allegadas al PP.
Estas propiedades, de acuerdo con el PGOU de Marbella, pertenecen a suelo rústico (no es posible construir), mientras que en el PGOU de Benahavís serían suelo urbanizable, con lo que pasarían a beneficiarse de una importante revalorización.
Mantiene una cuestión litigiosa pendiente: la fiscalía ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.
Se investigaba a Dª Ángeles Muñoz por un presunto delito de falsedad documental en relación con el acta del pleno del 29 de julio de 2009 para la aprobación provisional del PGOU, que incluía la modificación de 22 de los 71 planos urbanísticos de la localidad. Entre ellos, alguno que también afectaba presuntamente a terrenos de su propiedad.
PODEMOS-CSSP ha solicitado por registro de entrada que el Secretario del Ayuntamiento se pronuncie por escrito sobre la incompatibilidad de la alcaldesa para participar en la votación de este punto en el pleno del próximo viernes.
