Ante el anuncio por la Junta de Andalucía de la nueva Ley del Suelo en la que se está trabajando y donde se pretende abordar la problemática de las viviendas turísticas y se pide la colaboración de los ayuntamientos para su desarrollo, desde Impulsa Ciudad animamos al Ayuntamiento de Marbella que aproveche la oportunidad para que coopere en el desarrollo de esta nueva legislación y exija a la Junta la mejora de la regulación de las viviendas de uso turístico así como una mejor coordinación entre la administración autonómica y local para que dichas normas se cumplan.
Son muchos los países, comunidades autónomas y ciudades que están tomando medidas ante el impacto y la incidencia que está teniendo esta actividad en las ciudades. Dicha regulación no solo es necesaria para evitar las consecuencias negativas que está teniendo la gran oferta y demanda de viviendas de uso turístico en nuestra ciudad como son el incremento del precio del alquiler destinado a arrendamiento de larga duración que está provocando un difícil acceso a una vivienda digna y económica por parte de los ciudadanos, la posible perturbación de la convivencia vecinal, los problemas de movilidad o la alteración en la estructura social en determinadas zonas, sino que lo es también para su oferta turística reglada y la propia actividad turística que debe tener un mejor control de sus flujos turísticos frente a estos nuevos usos turísticos que pueden llegar a ser una competencia desleal real para el sector tradicional y para la propia calidad del destino que no llega a controlar una parte de su oferta y repercute en la sostenibilidad del destino.
Desde Impulsa Ciudad reclamamos al gobierno municipal que no solo colabore en la regulación vía ley del suelo de las VFT para propiciar una cultura de la sostenibilidad ordenando este tipo de turismo y actividad económica desde la dimensión territorial, ambiental y paisajística sino que tenga en cuenta otros importantes aspectos relacionados con la sostenibilidad social para la cual es fundamental velar por el interés general de la ciudadanía y, sobre todo, facilitar el derecho a la vivienda.
