El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, considera “muy grave” la información desvelada por un informe del área de Urbanismo del actual equipo de gobierno de Marbella que certifica que entre 2009 y 2011, debido a la falta de tramitación del ejecutivo del Partido Popular, el Ayuntamiento dejó de ingresar más de 9 millones de euros en sanciones urbanísticas. El portavoz municipal de IU, Miguel Díaz, valora el “buen trabajo” de la actual delegada de Urbanismo, Isabel Pérez, y aboga por “investigar a fondo estas circunstancias, así como el período de 2011 a mayo de 2015. A la opaca gestión urbanística de los años del PP, censurada por Transparencia Internacional, y que mantiene al que fuera concejal de Urbanismo del PP, Pablo Moro, pendiente de resolución judicial por presuntos delitos urbanísticos, se le suma la negligencia de dejar prescribir más de 9 millones de euros en sanciones urbanísticas en solo dos años, un dato relevador del continuismo claro entre el gobierno del PP con los del GIL: como tantas veces hemos denunciado desde IU, con el gobierno del neogilismo de Ángeles Muñoz se realizó una amnistía a los años de la corrupción urbanística y los ciudadanos nos hemos quedado sin compensaciones y sin el cobro adecuado de las sanciones urbanísticas”.
Del mismo modo, Díaz recuerda que durante los años de gobierno de Ángeles Muñoz, desde IU se puso de manifiesto en diversas ocasiones la falta de actuación en la recaudación por sanciones urbanísticas. A la luz del informe ahora desvelado queda claro “por qué cuando elaboraba los presupuestos municipales, el PP incluía solo 500.000 euros por sanciones urbanísticas y rechazaba nuestras alegaciones para que se elevara esta cifra”. Asimismo, desde IU recuerdan “el informe elaborado por los cargos de confianza que el PP mantenía al frente de la Asesoría Jurídica y la Dirección General de Urbanismo para rebajar las sanciones a los principales infractores urbanísticos”.
Para hacer memoria: En febrero de 2010, el gobierno del PP rebajó en 4,5 millones de euros a Ávilas Rojas la sanción impuesta a este constructor por la obra ilegal del Francisco Norte, de tal forma que de los 6 millones de euros que tenía que pagar, la multa se queda en 1,5 millones de euros.
También Tomás Olivo, propietario de la Cañada, se vio beneficiado por esta política de rebajas del PP, de tal forma que ya en noviembre de 2011 se le rebajaron 5 millones de euros por la legalización de la tercera fase del centro comercial. Una sanción que pasó de 23 a 18 millones. El argumento de la exalcaldesa para justificar esta reducción fue que se había recalculado la sanción al estimarse unas alegaciones presentadas por el propio empresario imputado en el caso Malaya que disminuían el valor de las obras.
Junto a esta, tenemos la rebaja de la sanción a El Corte Inglés, que también se vio beneficiada con una quita de 3,5 millones de euros, y que se justificó en un nuevo informe pericial, que aseguraba, además, que la Comisión Gestora se excedió en la valoración de la ampliación ilegal de 5.000 metros cuadrados de este centro comercial.
Con todo ello, en julio de 2014 Díaz cifraba en 15 millones de euros las rebajas a grandes infractores y consideraba que era “solo la punta del iceberg de reducción que el PP llevaba haciendo desde 2008 con las sanciones. Ahora, la información conocida esta semana da prueba de ello e, incluso, la agrava”.
A todo ello hay que añadirle la suma de cantidades económicas, suelo, bienes y aprovechamientos que los ciudadanos no han cobrado por no la no ejecución de las cargas previstas en el proceso de normalización de las edificaciones ilegales, señaladas en el PGOU de 2010, que a pesar de la obligación del Ayuntamiento de hacerlas ejecutables, lo cierto es que el ejecutivo del PP nunca obligó a ninguno de los infractores a iniciar ninguno en cuatro años.
