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martes, mayo 19, 2026
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El Gobierno compromete 5.200 millones para Cataluña mientras la Costa del Sol sigue sin tren y atrapada en peajes

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La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España han vuelto a situar a la Costa del Sol en el vagón de cola de las infraestructuras ferroviarias

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España han vuelto a situar a la Costa del Sol en el vagón de cola de las infraestructuras ferroviarias tras reactivar la denominada Línea Orbital Ferroviaria, un proyecto valorado en más de 5.200 millones de euros y 120 kilómetros de nuevas conexiones alrededor de Barcelona. Todo ello mientras Málaga continúa esperando, década tras década, un tren litoral prometido y jamás ejecutado.

El proyecto catalán, recuperado ahora por el Govern socialista de Salvador Illa con el respaldo de ERC, contempla nuevas infraestructuras ferroviarias para conectar ciudades de la tercera y cuarta corona de Barcelona sin pasar por la capital catalana. La operación ha servido además para garantizar el apoyo de los independentistas a los presupuestos autonómicos, en una negociación política que vuelve a dejar en evidencia el agravio territorial que sufre la provincia de Málaga y especialmente la Costa del Sol.

Mientras Cataluña obtiene inversiones multimillonarias y nuevas líneas ferroviarias, Marbella, Estepona y Fuengirola siguen sin una infraestructura ferroviaria estratégica pese a soportar una de las mayores presiones poblacionales y turísticas de España. La Costa del Sol continúa dependiendo prácticamente de una única autovía saturada y de una AP-7 de peaje que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a liberalizar.

La comparación resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta que la provincia de Málaga lleva años reclamando actuaciones urgentes en movilidad. El tren litoral aparece de forma recurrente en estudios, promesas electorales y anuncios institucionales, pero nunca pasa del papel. Mientras tanto, el Ejecutivo central sí encuentra capacidad presupuestaria para impulsar proyectos ferroviarios en Cataluña valorados en más de 5.200 millones de euros.

Desde Marbella, las críticas se centran especialmente en la diputada socialista malagueña y portavoz del PSOE en la ciudad, Isabel Pérez, a la que numerosos sectores acusan de guardar silencio ante el abandono inversor que sufre la Costa del Sol.

Empresarios turísticos, colectivos vecinales y usuarios denuncian que la movilidad en la comarca se encuentra al límite mientras el Gobierno prioriza acuerdos políticos con el independentismo catalán. “Aquí seguimos atrapados entre atascos diarios, peajes abusivos y un tren que nunca llega, mientras en otros territorios las inversiones aparecen inmediatamente cuando hay pactos políticos”, lamentan representantes del sector turístico.

La situación resulta todavía más polémica teniendo en cuenta que la Costa del Sol representa uno de los principales motores económicos y turísticos del país. Marbella y su entorno reciben millones de visitantes al año, generan miles de empleos y aportan una enorme recaudación fiscal al Estado, pero continúan sin recibir infraestructuras acordes a su peso económico y poblacional.

El proyecto catalán prevé incluso nuevas estaciones, túneles y viaductos de gran complejidad técnica, además de fórmulas de colaboración público-privada para acelerar su ejecución. El horizonte marcado por la Generalitat sitúa la finalización total en 2041, aunque el simple anuncio ya ha servido para desbloquear acuerdos presupuestarios.

En la Costa del Sol, sin embargo, ni siquiera existe un calendario oficial para el ansiado tren litoral. Tampoco hay avances sobre la eliminación del peaje de la AP-7, una reivindicación histórica de empresarios y ciudadanos que el Gobierno central sigue ignorando pese a los continuos problemas de tráfico que colapsan la comarca.

El contraste vuelve a alimentar la sensación de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna en función de intereses parlamentarios y cesiones territoriales, priorizando territorios clave para su supervivencia política mientras provincias como Málaga quedan relegadas pese a sus necesidades reales de movilidad e infraestructuras.

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