Recientemente conocíamos por algunos medios locales lo que parecía ser una reestructuración de la delegación de Urbanismo, argumentada bajo una “saturación” de trabajo. Sin embargo, y después del aluvión de críticas por haber relevado en su cargo a uno de los testigos clave del caso ‘Malaya’, una nota interior ha recogido que el documento que establecía dicho cargo era únicamente de “trabajo interno”, que “sirve de partida para una reestructuración futura del área de Urbanismo. Desde el Partido Popular, Baldomero León, ha asegurado que se trata de una restructuración que se ha hecho “de forma atolondrada, sin base ni argumentación jurídica”. El edil lamentó que los cambios que aparecían en esa nota interna respecto a la delegación se hayan hecho “sin tener en cuenta informes técnicos y jurídicos”. Ello ha supuesto, según el edil, que hayan tenido que dar marcha atrás “porque no tenían más remedio”. En el último escrito conocido, la responsable del área de Urbanismo, Isabel Pérez, recogía que “para cualquier afectación de plazas o puestos se acometerán las negociaciones con los representantes legales de los trabajadores y bajo el procedimiento que legalmente corresponda”.
Un documento que aparece además después de que el sindicato CSIF haya recurrido en alzada dicho acto administrativo, alegando lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional, manifiesta incompetencia del órgano administrativo por razón de la materia, ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido y por ser un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carecen de los requisitos esenciales para su adquisición.
En este sentido desde el sindicato se solicita que se declare nula de pleno derecho la nota interior por la que se establecían dichos cambios, así como “el cese de titulares de Jefaturas de Negociado y adscripción a Urbanismo”.
