El varapalo que ha supuesto para la ciudad la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 por parte del Tribunal Supremo, afecta de forma directa a esas 16.500 viviendas que fueron legalizadas con dicho documento y a sus compradores, los denominados terceros de buena fe. Por ello, se hacía más que necesario que el Ayuntamiento se pronunciara al respecto, mostrando su apoyo a estos compradores, una medida que ha nacido por parte del Partido Popular llevando hoy una moción al Pleno ordinario, en la defendían, de la misma manera que hiciera desde 2007, la adopción de un compromiso expreso en defensa de los terceros de buena fe. La que fuera alcaldesa, Ángeles Muñoz, explicaba la moción dejando clara la necesidad de tomar “las medidas legales necesarias” para dicha protección. Es más, en su discurso, Muñoz afirmó que los compradores “no han sido los culpables” de esta situación, recordando, página en mano, que en 2006 era la Junta de Andalucía quien “elevaba a 5.000 las viviendas en situación irregular, exigiendo su demolición”. Avalando esta afirmación, puso de manifiesto las palabras del que fuera presidente de la Comisión Gestora tras la disolución del Ayuntamiento, Diego Martín Reyes, en las que expresaba que “el derribo afectaría al municipio, pero vamos a cumplir la Ley”.
Como no podía ser de otra manera, la presidenta popular en Marbella pedía el apoyo expreso de todos los miembros de la Corporación, aunque para obtenerlo se tuvo que aceptar una enmienda del PSOE, en la que pedían que la puesta en marcha de estas medidas legales también se pidiera a la Administración Central. Finalmente, Marbella se ha unido para apoyar esta medida, cuyo objetivo es proteger a aquellos que adquirieron su vivienda y que ahora se encuentran en una situación de inseguridad jurídica.
Pero no sólo en la protección de estas personas ha girado el debate en torno a la petición que los populares reclaman a la Junta de Andalucía, ya que también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno andaluz incluya en sus presupuestos -que se están tramitando en estos momentos- partidas para Marbella para la consecución de equipamientos. Es más, Muñoz recordó que la ciudad ha abonado ya más de 40 millones de euros en concepto de devolución del anticipo reintegrable de 100 millones, por los años que se dejaron de invertir en el municipio. La presidenta del PP se refirió a una batería de equipamientos que la localidad necesita; entre ellas centros de salud y educativos, sedes judiciales o el Hospital Costa del Sol. Nuevamente para apoyar esta propuesta de los populares se ha tenido que aceptar una enmienda que recogía, según explicó la concejala de Obras (PSOE), Blanca Fernández, también recogiera que el pago de las deudas, dinero que se le debía a otros entes públicos, como la Mancomunidad de Municipios o la Diputación de Málaga, vengan a Marbella en forma de inversión.
Para Muñoz esta actitud pone de manifiesto que el PSOE “no quiere exigirle a la Junta de Andalucía nada. Pareciera que da alergia, aunque estos equipamientos sean de su competencia y se les haya pagado religiosamente”, subrayó.
