Los concejales de Costa del Sol Sí Puede y miembros de la ejecutiva local de Podemos, Kata Núñez y Victoria Mendiola, presentaron el pasado 5 de mayo un recurso de reposición sobre el acuerdo de Junta de Gobierno Local, que revoca las autorizaciones «en precario» a varios restaurantes de la Plaza de los Naranjos, otorgando unas autorizaciones nuevas que «no respetan el acceso a la plaza, que dificultan su disfrute por la ciudadanía y que da preferencia al aprovechamiento económico de la misma». Así, hoy apuntaron en rueda de prensa que «si bien en un primer momento anunció su voluntad de aunar el uso público de la plaza con su aprovechamiento turístico, sigue privilegiando el uso privado y excesivo de los espacios públicos». Para la formación morada esto contraviene, no sólo la normativa municipal, sino las leyes que rigen los bienes públicos de las entidades locales y los principios esenciales bajo los cuales debe articularse el uso y disfrute del espacio público por la ciudadanía en su conjunto y en toda su diversidad.
«La dicotomía público-privado del espacio que han querido dirimir bajo un acuerdo injusto, es, en realidad, una premisa imaginaria, ya que en ningún caso sobre un bien público debe primar un interés privado como si de fuerzas equiparables se tratase», apuntan.
Esa parte de la ciudadanía en la que piensa el tripartito «bajo el acuerdo recurrido es la misma que hay que superar: una ciudadanía a la que se le arrebata el derecho a su ciudad en beneficio de un interés económico que todo lo puede y todo lo arrasa, acallando las voces que defienden lo público bajo el falso dogma de la creación de empleo».
En este sentido, añaden que si este tipo de turismo crea tanta riqueza y empleo «¿cómo explica el tripartito que Marbella sea la octava ciudad que alberga a las familias más pobres del estado español? Si defendemos el empleo digno y de calidad, es un dato a valorar para repensar nuestra ciudad».
Así, lamentan que el equipo de Gobierno ha preferido satisfacer la demanda de los 11 restaurantes de la zona, dejando las autorizaciones tal y como estaban, liberando de mesas solo una pequeña zona central de la plaza, en perjuicio del ciudadano que visita la plaza.
«El resultado sigue siendo la tónica del uso del bien público de nuestro municipio, que se ve desterrado por el interés económico de unos pocos particulares. Y en concreto en nuestra plaza a través de la imposibilidad de acceso a la mitad de entradas, de la zona del arbolado, o de los bancos para sentarse. La ocupación es tal que hasta un buzón de correos se ve rodeado por mesas de uno de los restaurantes impidiendo su libre acceso», subrayan.
Así, los concejales de CSSP han recurrido este acuerdo, demostrado el desequilibrio que entraña para el disfrute de la plaza por la ciudadanía en toda su diversidad. El acceso por personas con diversidad funcional e incluso por servicios de emergencia es, con la ocupación actual, si no imposible, muy difícil.
